El final de una anomalía

En septiembre de 2018 el Congreso de los Diputados aprobó mediante una resolución la exhumación del general Francisco Franco con 172 votos a favor, 164 abstenciones y 2 votos en contra "por error" de diputados del PP.

El 24 de septiembre pasado, rechazando la totalidad del recurso de la familia Franco, el Tribunal Supremo autoriza la exhumación del dictador de la basílica de Cuelgamuros para enterrarlo en el cementerio de El Pardo Mingorrubio. El 10 de octubre, la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dio por finalizados los últimos obstáculos procesales.

Debemos empezar así estas líneas para dejar claro que todo el proceso se ha desarrollado conforme a la legalidad constitucional, propia de un estado de derecho. Lo demás son interpretaciones que, lógicamente, pueden tener quien esté a favor o en contra de la situación.

Recientemente, el presidente en funciones del Estado Español, Pedro Sánchez, decía ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas que con esta decisión del Alto Tribunal se cierra simbólicamente el círculo democrático iniciado por los españoles tras el fallecimiento del dictador, es decir, el tránsito de la dictadura a la democracia.

En ese proceso, el Partido Socialista ha contribuido de manera muy especial cuando ha tenido responsabilidades de gobierno. La Constitución española, la ley orgánica del derecho a la educación, la ley general de sanidad, la ley dependencia, la ley contra la violencia de género, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, nuestra incorporación a la Unión Europea, etc.; por citar algunas decisiones importantes para nuestro país en las que el Partido Socialista ha estado comprometido. En resumen, la extensión de los derechos sociales y la modernización de la sociedad española a fin de equipararnos con el resto de países democráticos de nuestro entorno.

Cuando no hay nada que aportar sobre este tema, es mejor callar. Y esto fue lo que hicieron el Partido Popular y Ciudadanos cuando se abstuvieron en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, con las desafortunadas declaraciones posteriores de sus líderes políticos - caso, recientemente, de la presidenta y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid - parece ser que se sienten agraviados. Sus razones tendrán. Debemos tener en cuenta que no es una cuestión de estética, sino de ética. Ninguna democracia del mundo levanta un mausoleo público a un dictador. Es de sentido común.

Nunca es tarde para dejar de honrar a un dictador que dispone, además, de su propia fundación. Fundación que llegó a ser subvencionada con fondos públicos de 2000 a 2003 bajo el mandado del PP con José María Aznar como presidente.

Lo que denominamos como “transición” fue un esfuerzo de generosidad e inteligencia de muchos españoles y españolas en aras de la convivencia futura. Tenemos la sensación de que parte de la derecha de este país cree todavía que fue un armisticio entre dos facciones en lucha. Y ese camino hacia la democracia hay que culminarlo. Lo que hoy estamos haciendo no se pudo hacer en las décadas de los setenta u ochenta del siglo pasado por razones obvias.

La exhumación del general Franco de su actual ubicación no desmerece ni pone en tela de juicio nuestro proceso democrático, más bien al contrario, significa el final de una anomalía.

Ejecutiva local del PSOE de Ciudad Real