España, responsable de su propia PAC

Con la futura Política Agraria Común (PAC) se va a acabar la excusa preferida de nuestros ministros y consejeros de agricultura ante las reivindicaciones del campo: “Bruselas no nos deja”. La nueva (e inteligente) propuesta de la Comisión Europea para reformar esta política comunitaria se sustenta sobre el principio de “sírvase usted mismo”.

La idea es que, dentro de un marco amplio, cada país elabore su propio Plan Estratégico para abordar objetivos comunes como mejorar las rentas agrarias o favorecer una agricultura sostenible, pero haciéndolo desde su propio diagnóstico y poniendo el acento en aquellas medidas que considere más convenientes para conseguirlos.

Una vez presentados y aprobados esos planes, cómodamente, los funcionarios de la Comisión se limitarán a comprobar su avance y validar su cumplimiento, o en caso contrario, propondrán que le sean presentadas correcciones para la consecución de sus objetivos marcados.

Es muy probable que acabemos con 28 (o 27) maneras de entender la PAC -tantas como Estados miembro haya en la UE-, lo que va a conducir a una política, en teoría, más adaptada a cada territorio pero cada vez menos Común. Con ello se dará lugar, con mucha mayor medida que en el momento actual, a que tanto la actividad agraria como la figura de agricultor o ganadero se asocie a actividades y personas con muy diferente vinculación al territorio, lo que podría traer complicaciones y competencia desleal entre los profesionales agrarios europeos.

Como importante ventaja cabe destacar que podremos decidir a nivel estatal, dentro de un orden, las medidas que consideremos más adecuadas para mejorar la renta de nuestros agricultores y ganaderos, mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, rejuvenecer el sector o implementar medidas más medioambientales en favor del clima, así como incorporar políticas de género que favorezcan la incorporación de la mujer al medio rural y a los puestos de dirección de cooperativas y empresas agrarias.

Con la llegada del nuevo gobierno deberá impulsarse y concretarse de forma definitoria el Plan Estratégico de la PAC para España. Hay que pasar ya de “las musas al teatro” y definir de verdad asuntos clave como el presupuesto que está dispuesto a aportar nuestro país, el modelo de agricultura y ganadería que se va a defender o que se va a entender como agricultor genuino. Desde el campo agradeceríamos dejar de oír generalidades y algo menos de autobombo injustificado de nuestros políticos sobre la defensa de una “PAC Fuerte y sin más obligaciones”, cuando lo que real o electoralmente quieren decir a los perceptores actuales agricultores es “tranquilos, que todos recibiréis más dinero de Bruselas para vuestro bolsillo”, cuando saben que eso, en realidad, no será en ningún caso posible.

Quizá no esté de más puntualizar en este sentido que, si bien el marco financiero plurianual no está aún aprobado por los jefes de estado y de gobierno, se pretende poner en marcha un plan de transición partiendo de un gasto previsible en 2021 inferior respecto al previsto para 2020. Concretamente, se contempla una reducción del 15% en los fondos de desarrollo rural y un 4% en la partida de los pagos directos. Sin duda, esto es un mal principio para la nueva PAC.

Estar dispuesto a aportar más como país al presupuesto europeo contribuiría a una PAC más fuerte y facilitaría mayores retornos de recursos hacia el estado español, pero no necesariamente los garantiza. En este horizonte de recorte presupuestario es entendible que muchos países del Este europeo, incorporados más tarde a la UE y con unas ayudas por agricultor y por hectárea muy inferiores a la media, reclamen un mayor reequilibrio de los presupuestos procedentes de países como Francia o España, principales beneficiarios de la PAC.

En este sentido, los indicadores fijados por Bruselas para valorar los avances relativos a mejorar las rentas de los agricultores –Principal justificación para conceder ayudas por parte de Europa- tienen fundamentalmente en cuenta los datos macroeconómicos de la denominada renta agraria que cada uno de los países viene comunicando a los servicios estadísticos europeos.

Creo que fue Winston Churchill quien dijo una vez que en la vida “existen las verdades, las mentiras y las estadísticas”. Me temo que el excesivo triunfalismo y la contabilidad creativa de la que viene haciendo gala nuestro amado Ministerio, situándonos a la cabeza de la renta agraria europea para uso y disfrute de los distintos ministros en ruedas de prensa y campañas electorales, puede pasarnos una importante factura. La reflexión es obvia: si estamos tan bien como dicen esas cifras ¿para qué necesitamos tanto presupuesto?

A diferencia de las siempre positivas cifras del Ministerio de agricultura, la Agencia Tributaria, que sabe lo que ganamos cada uno -y cuando no se lo cree nos investiga-, es tozuda en decirnos que los ciudadanos que viven solo o fundamentalmente de la agricultura y la ganadería obtienen ingresos que están en un 30% por debajo de la media del país. Sin embargo, este no es el dato que se usa de partida en esos indicadores propuestos por la Comisión. Esperemos al menos que si lo sean en la propuesta de nuestro país (de lo contrario, mal vamos). Por cierto, difícilmente se podría culpar a la Comisión Europea porque se crea los datos macroeconómicos que el estado español le ha venido proporcionando en relación con la Renta Agraria.

Por más que los Consejeros de las CCAA y los ministros se empeñen en justificar su gestión respecto a la PAC en los millones obtenidos para su Comunidad tras las reformas, a nuestro juicio es preciso hablar mucho más de quién recibe los recursos, por qué lo hace y cómo se reparten éstos entre los beneficiarios.

¿Seguirán cobrando las ayudas en España 200.000 agricultores de sofá o personas cuya actividad agraria e ingresos de la misma son inexistentes o poco relevantes o se concentrarán básicamente en los profesionales como pide la Unión de Uniones? ¿Habrá un reparto más justo entre los distintos cultivos y producciones y, sobre todo, a las personas con menores rentas? ¿Apoyaremos con recursos suficientes las producciones extensivas por su importante labor medioambiental o seguirán financiándose con dinero públicos sistemas intensivos de regadío que podrían firmar la sentencia de muerte de la agricultura más medioambiental?

El Ministerio ya está manos a la obra y nosotros también, pero hay que empezar a mojarse y a definir de una forma mucho más clara respecto de lo que realmente se quiere y de cómo se va a conseguir.

En el caso de la cadena alimentaria, por ejemplo, ha llegado la hora de definir qué se entiende por posición de dominio dentro de la cadena. Si en el sector eléctrico se define como el 10% de la cuota de mercado, ¿Cómo en un sector tan estratégico como la alimentación no existe tal definición? De seguir así, en el periodo de la futura PAC la industria y la distribución, cada vez en menos manos y más poderosas, seguirán apretando las tuercas a los productores para que las ayudas acaben en los bolsillos de los accionistas de grandes grupos empresariales, como ya ocurre en buena medida ahora.

Asimismo, es preciso defender un presupuesto justo para la España rural en el marco de las negociaciones europeas –el presupuesto PAC estatal supera los 6.000 M€, lo que se traduce en casi un millón de euros para cada pueblo, lo que tiene una importancia indudable-, así como defender unos precios justos para nuestros agricultores que les permitan seguir contribuyendo al desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural.

En fin, estamos en un momento crucial para definir y decidir como país las medidas que consideremos más adecuadas para alcanzar nuestros objetivos a nivel agroalimentario durante los próximos siete años. Esta vez, Bruselas sí nos deja. ¿Sabremos hacerlo?

José Manuel de las Heras.Coordinador Estatal de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos