Con la intervención del consejero de Hacienda han finalizado las intervenciones de los miembros del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, como trámite previo a la aprobación del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. Dichas intervenciones las inauguró el vicepresidente Martínez Guijarro y todos los comparecientes (y todas, claro) se afanaron en loar las bondades de un presupuesto expansivo a mayor gloria de García-Page.

Ninguna de las comparecencias han satisfecho las dudas de este Grupo Parlamentario Popular en relación a la elaboración de un proyecto de presupuestos que, a nuestro juicio, solo va a servir para el autobombo del presidente García-Page y para certificar que el Gobierno regional lleva a la economía de Castilla-La Mancha cuesta abajo y, además, lejos de llevar el pie en el freno, van pisando el acelerador. Hay datos que avalan esta afirmación: es importante señalar que el periodo medio de pago a proveedores ya está a 60 días en nuestra región, según datos del propio portal de transparencia de la Intervención General (en junio de 2015, último mes de Gobierno “popular” se pagaba a los proveedores a 16 días). En relación a esta cuestión es necesario saber si los responsables autonómicos ya han sido advertidos por el ministerio de Hacienda, por superar el plazo máximo de 60 días previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, o si el Ministerio de Hacienda ha comenzado a aplicar los efectos y medidas que contempla la ley en este caso. También conocemos que en 2019 Castilla-La Mancha incumplirá el objetivo de estabilidad presupuestaria del 0,1 % del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto. Para cumplirlo deberíamos realizar ajustes de 3 décimas del PIB y ya sabemos que eso no va a pasar. En relación a la deuda pública, Castilla-La Mancha está rozando ya los 15.000 millones de euros, más del 35 % del PIB regional y diez puntos por encima de la media del resto de las comunidades autónomas. Cabe recordar que cuando el PSOE volvió a gobernar en Castilla-La Mancha de la mano de Podemos, esa cifra estaba en 13.400 millones y desde entonces no ha parado de aumentar.

Centrándonos en el proyecto de presupuesto que se está tramitando en las Cortes, contará con una cifra prevista de ingresos y gastos de 10.505 millones de euros, casi mil trescientos millones de euros más que el anterior presupuesto. Con este presupuesto se cuadra el círculo del desastre económico que se avecina: más gasto corriente, más endeudamiento (los 2.500 millones de euros que figuran en el cap. IX de ingresos), menos inversión, ya que sólo aumenta unos pírricos 30 millones de euros (de 195 millones a 226 millones) y por supuesto más presión fiscal: 490 millones euros más en los capítulos I y II del presupuesto de Ingresos. Se trata de una subida importantísima en las previsiones de ingresos, tanto los impuestos directos como los indirectos, que no se corresponden ni con la ejecución real (lo realmente recaudado hasta la fecha), ni con un periodo de recesión económica como escenario futuro, que siempre conlleva una disminución de la recaudación. La previsible subida de impuestos puede tener unas consecuencias terribles en el sector productivo de la región, en la creación de empleo y en las cifras de negocio de un sector empresarial que siente que siempre recaen sobre sus espaldas los anhelos expansionistas del gasto de los políticos de turno. Porque ante estos números solo caben dos alternativas: o el consejero señor Ruiz Molina es un optimista nato, o bien tiene en mente una subida de impuestos acorde con las cifras consignadas en el proyecto. Demasiadas incertidumbres tributarias frente a la certeza que ofrece el Partido Popular de bajada generalizada de impuestos mientras ello sea posible, tal y como está haciendo allí donde gobierna.

Miguel Ángel Rodríguez es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha