Gobierno de progreso

En estos últimos tiempos se viene hablando mucho de progreso en nuestro país. Este término, aplicado a la praxis política y acompañado de toda su familia léxica - desde progresista hasta el más coloquial de progresía, y con un cierto matiz peyorativo el de “progre”-, suele ser tan manoseado y degradado por una determinada clase política que, sin una auténtica concreción y su debido discernimiento, se convierte en auténtica flatus vocis retórica carente de contenido.

La categoría progreso fue encumbrada y definida por el pensamiento ilustrado bajo el prisma de tres dimensiones básicas: la fe ciega en la razón, el totalitarismo de la ciencia y el dominio ilimitado de la naturaleza. El gran fracaso humano que supuso para la Historia de la Humanidad este ideal de progreso, culminado en la primera mitad del siglo XX con el auge de los totalitarismos y nacionalismos, las dos grandes guerras mundiales, la llamada “guerra fría” y las políticas coloniales, entre otros acontecimientos, llevó al pensamiento y a la filosofía política de la segunda mitad del siglo XX a incorporar a la categoría progreso criterios superadores de esa fe ciega en la razón y en la ciencia y, últimamente, al discernimiento sobre los límites en el dominio de la naturaleza. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha supuesto, sin duda, un marco referencial adecuado para delimitar y definir eso que llamamos progreso o desarrollo humano personal y colectivo.

Indudablemente, cuando hoy hablamos de progreso, pensamos en todo aquello en lo que convergen las más importantes aspiraciones de la persona en su vida familiar, laboral y social, y en todas las dinámicas políticas e instrumentales de carácter ético que ayuden a crecer el nivel de vida de un país y de una sociedad, en todas las dimensiones de la persona y para todas ellas. ¡Qué gran carga sociopolítica y concreción lo dio Pablo VI (1967) en su gran documento sobre el progreso de los pueblos!

Por ello, y pensando en el sentido tan dispar con que se ha aplicado a lo largo de los tiempos, cuando nuestros políticos hablan de gobierno de progreso, los ciudadanos queremos, debemos y necesitamos saber los programas concretos que se quieren aplicar y los medios éticos e instrumentos políticos legales que se van a utilizar para ello. Porque, entre otras cosas, la Historia de la Humanidad nos demuestra hacia donde nos llevaron algunas actuaciones políticas que fueron avaladas por gobiernos que se llamaban de progreso.

Una de las limitaciones más graves de nuestra joven democracia se encuentra en el “ocultamiento” de los programas políticos cuando se trata de coaligarse para gobernar después de las elecciones. Este ocultamiento conlleva una usurpación de soberanía que se supone, como dice el artículo primero de la Constitución, que “reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”. Nuestro derecho al voto necesita estar informado.