Agricultores y ganaderos quieren hacerse oír entre tanto ruido. Por eso, las redes sociales han empezado a llenarse de lazos verdes, para que la opinión pública conozca que están movilizándose porque son los únicos que pagan los platos rotos del desequilibrio de la cadena agroalimentaria y de las decisiones, o ausencia de ellas, de las distintas administraciones.

En tiempos de fake news, noticias distorsionadas y opiniones arrojadas desde el más profundo desconocimiento, es muy difícil calar en la sociedad. Hasta el periodismo se está viendo obligado a desmentir informaciones más que a comunicarlas. Así que es muy complejo llevar el mensaje del por qué miles de familias se manifiestan por todo el país. Verdaderamente, cuando el campo grita y además se une para movilizarse, es que tiene los motivos suficientes como para hacerlo. Pero entre tanta información-desinformación, tanto interés económico y tanto oportunista político, es fácil desvirtuar sus reivindicaciones.

Los agricultores protestan por unos precios ruinosos. Las producciones agrarias y ganaderas tienen los mismos precios que hace 30 años, pero viven y compran los medios de producción a precios actualizados (maquinaria, fitosanitarios, abonos, carburantes, costes salariales...). Gastan como en 2020 y ganan como en el siglo pasado.

Tras una primera oleada de movilizaciones, el Gobierno ha decidido pronunciarse, y lo ha hecho despejando balones fuera, proponiendo una mesa de diálogo y poniendo la mirada en las grandes superficies de distribución. Por supuesto que los supermercados pueden y deben formar parte de la solución. Pero esa es demasiado simple para un tema tan complejo. Las soluciones que hacen falta son las que se plasman en las normativas y se dotan de presupuesto.

Por su parte, la distribución se defiende diciendo que solo sería culpable de la situación en lo que representa una pequeña parte de la cadena agroalimentaria, pues el 80% de la producción nacional de frutas y hortalizas se exporta, y del 20% restante, solo un 7% acaba en los lineales de los supermercados.

Sin embargo, no hay que olvidar que en las estanterías también hay otros productos transformados del campo, como galletas, zumos, quesos, pastas o carnes elaboradas que proceden de materias primas procedentes de la agricultura y la ganadería. Porque lo que pudo empezar como un problema de precios en el sector de frutas y hortalizas, hoy ya no es un problema coyuntural, sino estructural, y afecta a cereales, leche, carnes frescas y todos y cada uno de los productos del campo.

Por otro lado, si exportamos el 80% de la producción nacional de frutas y hortalizas, quizá es porque los productores se ven obligados a hacerlo para poder conseguir mejores precios que los de aquí. Pero esto no deja de ser una opción solo para algunos de nuestros productos que por su estacionalidad y calidad se lo pueden permitir.

Pero la realidad es que también necesitamos recurrir a las importaciones porque España es deficitaria en ciertas producciones agrarias. Y las importaciones entran también en la guerra de precios. La gran distribución quiere ofrecer a los consumidores productos de calidad los más barato posible, aunque en la mayoría de las ocasiones confundimos precios bajos con precios razonables.

Así, la distribución presiona al siguiente eslabón de la cadena, el transformador y la industria agroalimentaria. Estos alivian esta presión comprando más barato en el exterior, con lo cual, no se da ninguna preferencia a la producción nacional o próxima y se salta los criterios de sostenibilidad y eficiencia en el proceso.

El libre comercio solo beneficia a una parte de la cadena agroalimentaria. La imposición de precios a la baja a lo largo de la cadena cae en cascada hasta la base de la pirámide, los productores. Así que mientras los márgenes netos de la transformación y la distribución no se han alterado, los márgenes netos positivos del agricultor han desaparecido. Se ha incrementado el valor del producto en el camino, pero el producto en origen ya no alcanza ni para cubrir costes.

El observatorio de precios, también propuesta por el Gobierno, puede mejorar la información y la transparencia, pero no es más que un buen parche que llevamos años demandando.

Agradecemos también a la Administración nacional que nos recuerde las armas con las que cuenta la Unión Europea, pero eso también es lanzar balones fuera.

Por su parte, la Unión Europea no ha defendido el sector agrario y ganadero como se merece. Ha demostrado su debilidad permitiendo relaciones comerciales que castigan constantemente al sector agropecuario contribuyendo a su hundimiento. Como los aranceles de Estados Unidos o los acuerdos de MERCOSUR.

El sector se ha convertido en la moneda de cambio para la Unión Europea y los acuerdos a los que llega le hacen flaco favor. Por eso, los agricultores y ganaderos piden reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países, de manera que los productos que llegan a España o Europa, se rijan por las mismas normas medioambientales, de bienestar animal y de calidad.

Además, las instituciones comunitarias están volcadas en los aspectos ambientales, Red Natura, Pacto Verde… que lejos de ser una oportunidad para el campo, es una amenaza. No se puede competir con los precios del mercado internacional mientras se atienden a las demandas de la Comisión Europea sobre sostenibilidad y seguridad alimentaria y obviando la clara desventaja de los agricultores y ganaderos en las reglas de la competencia y la teoría del libre comercio.

Por eso, la Política Agraria Común (PAC) debe conceder más atención y protección al sector productor, porque está expuesto a una serie de amenazas contra las que tiene que luchar día a día, a menudo sin las herramientas y recursos necesarios para enfrentarse a ellas. Nuestro campo no puede permitirse una rebaja de un solo céntimo. Al revés, se necesitan medidas de apoyo que den un poco de oxígeno a la rentabilidad de las explotaciones.

Y, para terminar, volvemos al principio. Es imprescindible que el mensaje de los productores llegue claro, sin discriminaciones, sin ataques gratuitos y sin falsas imágenes distorsionadas de la realidad. El lazo verde no es más que la lucha de los agricultores y ganaderos por defender un futuro mejor. Un futuro que cuente con el compromiso de la sociedad y de las administraciones para poner en valor su tan dañada imagen y recuperar el prestigio que poco a poco les robaron.

José María Fresneda. Secretario General de ASAJA de Castilla-La Mancha