Los toledanos en general han sido secularmente reacios a los cambios, lo que provocó su estancamiento durante siglos como pequeña capital de provincia refugiada en un pasado glorioso del que solo perduraba la memoria. El Casco Histórico se ha mantenido vivo porque ahí estuvo concentrada la ciudad entera hasta finales de los 60 del siglo pasado, pero cuando ha sido necesario renovarlo se ha producido sistemáticamente un rechazo difícil de combatir. El caso del remonte del Cambrón es paradigmático porque después de una oposición cerrada al proyecto los toledanos saludaron con entusiasmo su puesta en marcha. Guerra hubo también por la instalación de la Biblioteca regional en el Alcázar. Lo de Puy du Fou tiene similitudes, aunque es algo más colosal que está removiendo los cimientos de esta ciudad milenaria en la que, en algunos aspectos, habrá un antes y un después a partir de la hora en que el parque se ponga a funcionar a pleno rendimiento.
Pasada la polémica y asumido por una mayoría aplastante Puy du Fou, los puristas de lo toledano han centrado su preocupación y su espanto habitual en la Vega Baja y la idea del ayuntamiento que preside Milagros Tolón de cambiar de acera la Comandancia de la Guardia Civil. Porque en definitiva no es más que eso, trasladar unos metros la actual, antigua y desvencijada casa cuartel para que la Benemérita tenga unas instalaciones acordes con el desarrollo de su importante función en la ciudad y en la provincia. Paralelamente, y tan importante o más que lo anterior, se dará un uso dotacional al suelo de esta parte de Vega Baja que en la actualidad sólo sirve para aparcar coches, con todo lo que eso conlleva de negativo para la imagen y el medio ambiente de la zona.
Lo más importante del proyecto del equipo de gobierno municipal, que comparten el resto de instituciones locales, provinciales y regionales y cuenta con el respaldo de los ministerios de Defensa e Interior, es que por primera vez se va a llevar adelante un Plan Especial de Vega Baja que ya está en estudio y que se presentará en breve a los ciudadanos. Y la principal característica de este plan es que hará viable el uso dotacional de parte de la zona (ocupará casi la mitad del actual aparcamiento de Coronel Baeza) con el respeto al paisaje y a los restos arqueológicos que ya existen o que puedan aparecer durante las obras del Cuartel. Es una forma plausible de hacer ciudad en este punto de Toledo y proteger su riqueza arqueológica, la cual, según algunos, está sobrevalorada.
Aun en el caso de que la riqueza arqueológica no fuera tan importante como algunos defienden, es necesario proteger los restos. Pero no de la manera que se ha hecho con las excavaciones sino con algo más eficaz y procurando que lo que no tenga valor no impida el desarrollo integral de la ciudad y de sus servicios. No tiene lógica que los que no se oponían a que en este mismo solar se levantara un edificio para El Corte Inglés, carguen ahora contra unas instalaciones para la Guardia Civil que con toda seguridad van a tener mucha menor altura, tamaño y tráfico.
El ayuntamiento y el gobierno de España han acordado expresamente que si hay restos arqueológicos de valor en la zona se protejan. Y la misma consideración tiene la Junta de Comunidades, desde donde están apoyando al Consistorio para que el plan de construcción de la nueva Comandancia se lleve adelante.
Por otra parte, el traslado del actual cuartel posibilitará que en su lugar se construyan unas 300 viviendas para jóvenes, lo cual redundará positivamente en el futuro del barrio de Palomarejos al reducir el grado de envejecimiento de la población y servir en parte como alternativa al cierre próximo del Hospital.
En consecuencia, no hay razones objetivas para oponerse a este proyecto con la radicalidad con la que algunos lo hacen. Está bien la prevención, sobre todo después de los desmanes arquitectónicos y atentados patrimoniales que se han producido en buena parte de las poblaciones de nuestra región, y más aun tratándose de una ciudad como Toledo. Pero esa prevención no puede traducirse en inmovilismo ni en rechazar por sistema iniciativas encaminadas a hacer una ciudad más habitable, con mejores servicios y dotaciones y con garantías de que va a ser compatible con la protección de la riqueza histórica, patrimonial y arqueológica.