Nos enfrentamos a una crisis y un reto de una magnitud enorme para la que no existen soluciones mágicas ni fáciles. A los gestores políticos se les exige rigor, madurez, responsabilidad y también imaginación, además de concordia para alcanzar los consensos más amplios posibles.

Las bases que cimenten la recuperación económica deben ser sólidas, que proporcionen seguridad jurídica, transparencia y fluidez en la información disponible y la rendición de cuentas de las administraciones ante los ciudadanos. Cuando los recursos económicos son escasos para el reto que afrontamos, se exige todavía más rigor en su uso.

Que España forme parte de la Unión Europea, y la existencia del Banco Central Europeo, nos compromete ante instituciones supranacionales en el buen uso de los recursos que de manera decidida se van a poner a disposición del país para salir de la crisis. Es una exigencia utilizarlos para hacer nuestra economía más productiva, basada en cuatro pilares: digitalización, transformación energética, sanidad y educación.

Las empresas e instituciones han de ser resilientes ante lo imprevisible y realizar un análisis de riesgos financieros. Las circunstancias inesperadas serán en adelante más habituales y hay que tener mecanismos de respuesta operativa, donde especialmente las administraciones públicas sean más previsoras y mantengan sus finanzas en orden para hacer frente a imprevistos.

La reactivación económica de nuestro país, pasa por la realización de un esfuerzo fiscal dirigido a sustentar al tejido productivo que se ha visto afectado por la crisis y preservar los empleos de nuestra economía, propiciar la recuperación económica y flexibilizar la movilidad entre sectores y operaciones corporativas entre empresas.

Para ello, los gobiernos europeos y español , deben ser conscientes de la necesidad temporal de articular políticas expansivas de gasto que permitan paliar los efectos que la crisis económica está generando, pero siempre sin descuidar la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas y el endeudamiento del Estado. La sostenibilidad de la deuda depende de nuestra capacidad de generar confianza en nuestro futuro económico y de crecer en las próximas décadas. Si esa viabilidad se encuentra comprometida por políticas de marcado cariz ideológico alejadas de la realidad, quebraremos una confianza país muy necesaria en estos momentos.

Esa confianza, no se gana con inseguridad jurídica, subiendo impuestos, acabando con la flexibilidad laboral, o amenazando a las empresas con nacionalizaciones. Es necesaria una visión de medio y largo plazo, que debe contar con la articulación de medidas de consolidación fiscal y saneamiento paulatino de las cuentas públicas.

Todas las propuestas que la Comisión de Reconstrucción pueda plantear, deben ir acompañadas de un spending review y un análisis profundo de medidas, que además de reactivar la actividad económica y el crecimiento, sean capaces de generar mayor recaudación, no con subidas indiscriminadas de impuestos, sino ensanchando las bases imponibles. No es posible diseñar una ruta de consolidación sin el acompañamiento de reformas estructurales efectivas, que dinamicen la economía y potencien el crecimiento.

Durante los próximos meses, vamos a afrontar un proceso gradual de recuperación de la actividad y la política fiscal tendrá que adaptarse a ese proceso progresivo, modulando los mecanismos de apoyo que se han adoptado durante el estado de alarma para dotar de liquidez a las empresas, especialmente en los sectores productivos más afectados, de manera coordinada con un proceso de reducción de deuda en el medio y largo plazo.

Del mismo modo, además de servir para recuperar las capacidades de nuestra política fiscal, este proceso de consolidación resulta esencial para despejar cualquier duda sobre la sostenibilidad futura de nuestras cuentas nacionales, y la capacidad de atención de nuestras obligaciones ante los tenedores de deuda.

La reducción de la deuda pública, será tanto más rápida cuanto más velozmente se recupere la economía, mayores tasas de crecimiento de PIB seamos capaces de generar y menores sean los tipos de interés a los que se remunere la deuda española. Por ello, es más importante que nunca reducir las trabas a la actividad económica.

El incremento de deuda pública que vamos a experimentar y que elevará su nivel hasta el 120% sobre el PIB, nos expone a mayores riesgos que tensionarán nuestra posición de déficit estructural. Por tanto, España tiene por delante un importante reto fiscal, con la peor situación de partida y con erráticas decisiones políticas que van a deteriorar el saldo estructural del endeudamiento público.

Sólo mediante la adopción de políticas económicas y reformas estructurales que impulsen el crecimiento a largo plazo del PIB y por tanto el empleo y las rentas de las familias, conseguiremos aumentar la recaudación de manera eficiente, mejorando los datos de recaudación en IVA, generando mayores bases en IRPF e Impuesto de Sociedades, e incrementando los ingresos vía Impuestos Especiales derivados del dinamismo de la economía.

Una buena política económica reformista que sea capaz de impulsar tan sólo el PIB en un 0,5% por año durante la próxima década, generará una disminución de la ratio de deuda pública de seis puntos porcentuales en 2030. Por tanto, el recorrido para devolver la deuda pública a niveles sostenibles es amplio, y es directamente proporcional a la ambición de las reformas y el impulso que la política sea capaz de dar a nuestra economía.

Para paliar las debilidades de la política fiscal de los países europeos, se ha presentado un plan de la UE para proporcionar financiación y transferencias a todos los países, en especial a los más afectados, para los que se reserva un paquete presupuestario muy significativo y cuya condicionalidad no conocemos todavía. Estas importantes partidas presupuestarias no pueden ser concebidas como un paquete de solidaridad, si no como un paquete necesario por la interdependencia entre los países y economías de la Unión.

Esta inyección europea debe dirigirse, por un lado, hacia los sectores más afectados por la pandemia: sanitario, turismo, comercio, ocio, cultura, transporte o restauración, sectores que están inmersos en una transformación de sus modelos de negocio.

Por otro lado, deben ser capaces de lanzar la inversión en España, con colaboración público-privada, centrándose en hacer la economía más sostenible y productiva, enfatizando en la creación de puestos de trabajo, potenciando la transición energética con actuaciones en la renovación del parque automovilístico, la rehabilitación de viviendas, o la inversión en transportes urbanos e interurbanos.

Tenemos una gran responsabilidad para recuperar nuestro país. Pedimos seriedad y que las bases de la recuperación empiecen por lo básico: rigor en la gestión del gasto, impulso económico y paulatina reducción de la deuda pública.

Santiago Sánchez López. Economista. Secrterio de Economía del Partido Popular de Albacete