Durante estos últimos doce años, hemos experimentado –con la crisis como realidad, pero también como falsa justificación– un grave deterioro de nuestro sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), mientras que en países como el Reino Unido y Alemania su apuesta ha sido radicalmente distinta y ha consistido en invertir más dinero público en Investigación. Ese es, precisamente, nuestro reto principal, entender que el crecimiento económico y social de un territorio se asocia cada vez más a la capacidad que el mismo tenga para generar y aplicar nuevos conocimientos, dando lugar a lo que se conoce como Economía basada en el conocimiento. Es una cuestión que debe vertebrar la política e impregnar a todos los agentes implicados.

Castilla-La Mancha acaba de dar un gran paso para revertir la situación detallada a nivel estatal. La Ley 4/2020 de 10 de Julio, la Ley de Ciencia de Castilla-La Mancha, ha entrado en vigor. Dicha Ley, cuya denominación completa es Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, fue publicada el pasado mes de julio en el Diario Oficial de la región. Desde este fin de semana, los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, disponemos de un importante marco legal, que puede y debe hacernos no depender de los demás y, por tanto, ser responsables de nuestro propio futuro. Además, como hecho importante y revelador, deberá recordarse siempre que, la Ley 4/2020 de 10 de Julio, fue la primera Ley de Ciencia con la que contó Castilla-La Macha. Culmina así un largo proceso puesto en marcha en marzo de 2017, con la consulta pública sobre el anteproyecto de Ley, continuado con su aprobación por el Gobierno regional en febrero de este año, y finalizado el pasado 9 de julio con su aprobación por las Cortes Regionales.

La nueva ley persigue tres grandes objetivos:

1. La implantación de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación conjunto que defina las líneas prioritarias de actuación en convergencia con los documentos estratégicos europeos y nacionales y que programe la utilización de forma estable, periódica y previsible, de los recursos disponibles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la I+D+i.
2. La creación de la estructura institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encargada de la planificación en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, con base a objetivos previamente definidos.
3. El establecimiento de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

La aplicación de esta Ley debe proporcionarnos, en un espacio de tiempo no muy prolongado, un sistema regional de I+D+i mucho más potente y competitivo, dotado de muchos más recursos, especialmente humanos, que nos permita afrontar de una manera inteligente y solida el futuro de nuestra región. El documento relata el desarrollo de la carrera investigadora, y crea el cuerpo superior de Investigación, al que según la norma le corresponde llevar a cabo la actividad investigadora en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, establece que deben incrementarse los fondos regionales destinados a I+D+i de forma que se aproximen progresivamente a los porcentajes de financiación del objetivo común europeo. Igualmente, mediante la misma, la Junta de Comunidades debe promover la inclusión de conocimientos sobre investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los niveles educativos y en los planes de formación del profesorado. Por supuesto, regula la innovación, la transferencia del conocimiento y la colaboración público-privada. Todos ellos, son elementos considerados como positivos. Sin embargo, la norma no regula sobre aspectos que pueden hacer la labor de los investigadores más flexible y por tanto más eficiente. La investigación necesita que se derogue de forma urgente todo aquello que la asfixia, y aunque es posible que esta Ley no sea el marco apropiado para ello, hubiera sido interesante valorar la inclusión de algunas propuestas relacionadas con esta problemática, ampliamente denunciada por el sector, dentro del capítulo 1 del Titulo V dedicado a regular los principios de acción de fomento de la I+D+i regional.

Coincidente en el tiempo con la tramitación de nuestra Ley de Ciencia, la Unión Europea, con una activa participación española, ha estado elaborando un conjunto de programas y reglamentos que incidirán directamente sobre la I+D+i de nuestro país y de Castilla-La Mancha, entrando en vigor la mayoría de ellos el 1 de enero de 2021. Entre todos, destacan:

• Las perspectivas financieras plurianuales de fondos estructurales para 2021-2027 que permitirán conocer los recursos disponibles y su evolución en el periodo indicado.
• El nuevo programa marco de investigación e innovación para el periodo 2021-2027, denominado Horizonte Europa.
• El nuevo reglamento de fondos estructurales que, asociado a la evolución de los objetivos y condiciones de las Estrategias de Especialización Inteligente (S3) para el periodo 2021-2027, incidirán en los planes de I+D+i estatales y autonómicos.

Además, en el marco estatal se está trabajando, desde el pasado año, en la elaboración de la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para este mismo periodo 2021-2027. Todos estos acontecimientos, unidos a que en la legislatura actual se debería llegar a un Pacto de estado político y social por la Ciencia, la Innovación y la Educación Superior, hacen que la Ley de Ciencia de CLM nazca en el momento más oportuno posible para permitir que las políticas de I+D+i regionales se coordinen y complementen con todas las referidas a nivel nacional y europeo.

Tal vez tengamos que esperar para que los resultados de la nueva norma sean tangibles, pero sí podemos afirmar hoy, que los pasos que se están dando van por la buena senda y debemos empezar ya a hacer camino al andar. La norma recién nacida, abre caminos cuyo resultado y eficacia se verán al irse concretando en actuaciones, reglamentos y especialmente en compromisos presupuestarios, pero para todo ello, el primer e importante paso, está dado y se inicia hoy.

La Ley nace sin votos en contra en el arco parlamentario regional lo que debería, además, ser de gran utilidad en el futuro inmediato para conferir progreso y potencia a nuestro sistema regional de Ciencia.

Sólo los países y las regiones que pongan en primer plano la investigación y la tecnología no dependerán de los demás y serán protagonistas de su propio futuro. Por si quedaba alguna duda, la actual crisis sanitaria debería haber servido ya, y para siempre, para concienciarnos de que una salud científica fuerte es fundamental para el bienestar y el progreso social de los países y de las regiones. Mantener España no será posible si no cuidamos el conocimiento, basamos en él, la economía, la modelamos con el aprendizaje y la motorizamos con la innovación. Hoy nosotros, los castellanomanchegos y las castellanomanchegas nos hemos dotado del marco regulatorio necesario para contribuir a todo ello, para contribuir, en esencia, a nuestro avance hacia el futuro. Solo hace falta que se cumplan nuestras expectativas. De momento, que no es poco, gracias a todas las personas que han hecho posible que esta Ley sea, desde hoy, una realidad.

José Julián Garde López-Brea es catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha y académico de Número de las Reales Academias Nacionales de Ciencias Veterinarias y de Doctores de España