Si algún sector puede atribuirse el mérito de haber prendido la mecha de las manifestaciones del campo en febrero y marzo pasado es el aceite de oliva, sin olvidarme de los horticultores almerienses, que también estuvieron precoces y animosos. Uno de los desencadenantes principales fue la caída de precios del aceite a partir de febrero de 2018, que nos ha colocado en cotizaciones un 40% -50% más bajas que entonces.
¿De verdad es posible que una única cosecha extraordinaria, la 18/19 con 1,8 millones de toneladas, ponga al borde del abismo al tejido productivo de un sector tan importante como el olivarero? Cierto es que palos en las ruedas como los aranceles de EEUU o las concesiones de la UE a las importaciones de Túnez no ayudan. Tampoco ayudan las perversas campañas publicitarias de los supermercados que lo desprestigian para atraer más clientes. Pero un producto como el aceite, cuyo consumo creciente ha llegado a alcanzar más de 3 millones de toneladas y con un 70% de la producción en España en manos de cooperativas, aunque no esté libre de convulsiones, sí que debería haberse mantenido a salvo de cataclismos.
Resulta curioso que los que hoy defienden el olivar tradicional sean los mismos que en 2004 apostaban por las ayudas de la OCM vinculadas al rendimiento y no al árbol. La PAC actual, heredera de aquello, es un modelo hipócrita, en el sentido que dice apoyar los modelos extensivos mientras aparca los principios de preferencia comunitaria y reciprocidad y nos pone a competir, en inferioridad de condiciones productivas, con países terceros. Así es como se acaba matando al sector al olivar tradicional y poniendo la alfombra roja al olivar superintensivo. Ahora que tenemos una PAC y un Plan Estratégico Nacional en pleno diseño, es hora de ver quién defiende de verdad el modelo productivo tradicional que tan clave ha sido para el desarrollo socioeconómico de la España rural. Y no nos vale con la zanahoria de una línea agroambiental, que ya nos la conocemos, sino con una apuesta clara por un nuevo reparto de los pagos directos cuyo referente fundamental no sean los derechos históricos y que posibilite una convergencia real de las ayudas.
¿Cómo es posible que en España el aceite de oliva virgen extra de 0,8 de acidez, considerado el mejor aceite del mundo, esté perpetuamente por debajo de las cotizaciones en Grecia (-7% en la presente campaña) e Italia (-40%)? ¿Qué hace que en España el lampante, que si no se refina ni es apto siquiera para el consumo humano, se cotice tan solo un 7% por debajo del AOVE?
Desde la perspectiva del mercado, este hecho muchas veces se explica por la deficiente formación e información del consumidor. La cosa es que es así de siempre… Lo mismo es que hay a quien le interesa que el consumidor esté adecuadamente desinformado.
La cuestión es que el sector está supuestamente representado por quien se sienta en la Interprofesional del Aceite de Oliva de España o IAOE (si entendemos por representación el “porque yo lo valgo” que se han montado unos cuantos y que el Ministerio ha dado por bueno sin entrar a comprobar la representatividad real de cada uno). Once campañas lleva funcionando la extensión de norma de la Interprofesional, por la que ésta habrá recaudado unos 70 millones de euros, destinando un 80% a publicidad y promoción. Y aquí el común de los mortales sigue pensando que el refinado es el aceite fetén. Un rotundo fracaso que la Interprofesional se va a autopremiar recaudando otros 39 millones de euros del sacrificado sector en las próximas cinco campañas. De nota.
Por otro lado, y aunque me consideren políticamente incorrecto, tenemos que hablar del fraude, ya sea en las mezclas, en el etiquetado o en el origen. Efectivamente, cuando uno airea sus vergüenzas se expone a ser señalado, pero la mejor manera de que se deje de hablar de fraude no es taparlo, sino acabar con él. En el caso del vino, por ejemplo, tal y como Unión de Uniones y ADEVIN venían clamando, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han destapado una trama que, siempre presuntamente, hacía vino y alcohol de vino con “cosas” que no han visto jamás una cepa. Quizás las cosas empiecen a mejorar algo en ese sector… también en el aceite queremos un riguroso control. Y para eso se tienen que mover con mayor celeridad la AICA, las CCAA y el resto de poderes públicos. Y los demás, lo que tenemos que hacer es exigir limpieza por el bien de los productores y de los industriales, envasadores y distribuidores honestos, que son la inmensa mayoría.
No es entendible que, en estos momentos en que el aceite de aquí sobra y está barato, se siga importando aceite. Las “escasas” importaciones que hablan algunos se sitúan en 435.000 toneladas entre 2018 y 2020 (o sea, en todo el período que llevamos en crisis), lo que representaría todo el consumo de España de un año. Y ya, si entre quienes importan nos encontramos cooperativas, la cosa es de traca.
Un sector cooperativo que, por cierto, debería tener un peso notable en las negociaciones dada su concentración del 70% de la producción; pero que, en vez de atreverse a conquistar el complicado mundo de la comercialización, se resigna mayoritariamente, visto lo visto, con poner almacenes gratis a la industria de envasado y a la distribución.
Y en estas estábamos, cuando la solución que se les ocurre a algunos representantes del sector (Unión de Uniones se mantuvo al margen) es pedir al Ministerio que, a su vez, le pida a la UE que les autorice a obligar al sector a almacenar parte de la producción y no vender si el precio no interesa. Y eso, sin un acuerdo sectorial sobre una posible limitación voluntaria de las importaciones, sin un plan de acción concreto y real contra el fraude o sin una definición del modelo productivo a seguir. En definitiva, nos proponen que nos tapemos con una manta tan corta que cuando nos tapemos la cabeza nos quedaremos con los pies al aire.
A pesar de que el estudio realizado en los despachos del Ministerio de Agricultura diga que si retiramos del mercado un 20 % del aceite los precios subirían un 20%, la realidad es que, con la medida de ayudas al almacenamiento privado, puesta en marcha estos meses de atrás, se inmovilizaron casi 200.000 toneladas (como un 15% de una cosecha media) y los precios han continuado bajando y las importaciones subiendo.
Este sector necesita soluciones de verdad, más allá de la utópica autorregulación. Tenemos que sentarnos y discutir y avanzar en las cuestiones que he ido mencionando antes.
Para empezar, una PAC donde el apoyo al olivar tradicional esté acompañado de una política comercial que proteja el modelo productivo (sostenible, arraigado al terreno y a las personas) que hemos decidido que sea el nuestro.
Hay que conseguir una interprofesional en la que los interlocutores estén legitimados para sentarse a representar a los productores y en la que los operadores se comporten con lealtad, asumiendo compromisos sectoriales que vayan más allá de ponerse de acuerdo en cuanto más dinero le sacamos al sector, quien va a gestionar el dinero y a qué agencia le encargamos los anuncios.
El sector tiene que presentarse al consumidor de forma saludable y orgullosa de haber ventilado y expulsado del sector a quien ponga en riesgo, con su falta de escrúpulos, el esfuerzo conjunto de todos.
Y, sí, por supuesto: para Unión de Uniones los esfuerzos de conseguir una mayor dimensión y alcance comerciales y el trabajo de internacionalización que se realizan desde la parte más emprendedora del cooperativismo son encomiables y merecen todo el apoyo de las administraciones y de los propios socios. Así lo creemos y así lo defendemos.
No obstante, debemos sentarnos y hablar de las medidas que tenemos que implementar para minimizar los daños al sector, y no poner simples parches que dilaten la crisis actual, barriendo debajo de la alfombra. El futuro del sector productor olivarero no debe ser morir con honor, denunciando en los bares y casinos de los pueblos a los posibles culpables del desastre, es poner los medios para poder vivir con dignidad de este trabajo y de este sector que es pilar de la dieta mediterránea, creador de paisajes, protector de la fauna y que tanto contribuye al empleo a la lucha contra la desertización a la cultura milenaria y gastronómica de nuestro país.
Jose Manuel de las Heras Cabañas es coordinador Estatal de Unión de Uniones