Hoy vuelvo a la columna de opinión. Esta vez, desde la experiencia que me otorgan mis más de 30 años dedicada la labor educativa en varios centros de la provincia tanto con labor docente como con labor directiva, pero siempre al final de la jornada con las manos manchadas de tiza.

La postura más cómoda seguramente hubiese sido no opinar, pero cuando la docencia se ejerce por vocación y se cree en la educación como un verdadero ascensor social garante de la igualdad de oportunidades, se hace necesario reivindicar medidas justas y razonables para volver a las aulas en condiciones de seguridad.

No dejo de escuchar que nos estamos jugando el futuro de una generación, y es cierto que fueron muchos los jóvenes que salieron de la anterior crisis en condiciones laborales muy precarias, pero ahora viene otra remesa de jóvenes atrapados entre las dos crisis y no podemos consentir que haya más perjudicados, y menos cuando se pueden poner los medios para que esto no suceda.

En estos momentos la comunidad educativa navega en la inquietud y en la incertidumbre, basta con sentarse en una terraza, ir al supermercado, leer la prensa o asomarse a las redes sociales para comprobar cuál es el grado de incertidumbre que existe en nuestra sociedad.

Porque no solo está en juego el derecho fundamental de la educación. Está en juego el trabajo de padres y madres que pueden quedar en el aire si la vuelta al colegio no es exitosa y tienen que renunciar a él para cuidar de sus hijos; está en juego la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar sin certezas de cómo organizarla; está en juego la salud del profesorado y de todos los trabajadores de los centros educativos; está en juego el bienestar de muchos abuelos que vendrán a la puerta del colegio a recoger a sus nietos; y está en juego el futuro y la salud de todas las familias con hijos en edad escolar porque, en definitiva, la comunidad escolar somos TODOS.

No entraré en la falta de liderazgo del Ministerio de Educación, incapaz de establecer por el momento unas directrices mínimas, ni en la desigualdad que a veces provoca la existencia de diecisiete sistemas educativos distintos. La lógica nos invitaría a pensar que los principales responsables de la política educativa a estas alturas ya nos proporcionarían un mapa de protocolos y recursos para un inicio de curso lo más normalizado posible. Pero nada más lejos de la realidad.

Noticias como las que nos llegan estos días de que se celebrará una Conferencia Sectorial el 27 de agosto para tratar a nivel nacional la vuelta a las aulas, más bien parece una broma de mal gusto cuando el profesorado tenemos que estar en nuestros centros el 1 de septiembre, y además deja en evidencia que la educación no ha sido una prioridad y no se ha tratado como un asunto de Estado.

La BAJADA DE RATIOS es una de las medidas clave. En junio se hablaba de un máximo de 15 alumnos por aula con dos metros de distancia de seguridad; luego se cambió a 20 alumnos con metro y medio de distancia; y ahora, sin embargo, estamos en el todo vale. Yo me pregunto, con la información que tenemos en este momento de rebrotes y del aumento de los contagiados asintomáticos ¿es justificable la vuelta a las aulas con las mismas ratios que teníamos el curso pasado?

Por ello, si de verdad se apostara por una vuelta segura a las aulas, la primera medida hubiese sido una bajada de ratios generalizada, sin embargo en nuestra región no se ha movido ni un milímetro de lo establecido legalmente, como si esto fuese un curso normal y sin que se haya publicado ninguna Resolución donde se proceda a su rebaja: seguimos con 25 en Infantil y Primaria, 30 en ESO, hasta 40 en Bachillerato y 30 en FP. En definitiva, clases masificadas en tiempos de pandemia.

Esta más que necesaria bajada de ratios, con su adecuada atención a la diversidad, hubiera requerido la CONTRATACIÓN DE MÁS PROFESORADO desde el inicio de curso. Los que hemos tenido responsabilidades en la dirección de centros educativos sabemos que el curso se organiza en julio con los profesores que se adjudican y con los espacios disponibles. Y todos los anuncios de puntuales contrataciones posteriores no dejan de ser pequeños parches que no solucionan el gran problema de la falta de seguridad. Es probable que llegue algún cupo extra a los centros en septiembre pero ¿qué significa que a un centro con 90 profesores le adjudiquen uno más?

Este, precisamente, está siendo un punto controvertido durante este verano ya que mientras que la administración afirma que se han contratado más docentes, los propios sindicatos lo desmienten, asegurando que las contrataciones de interinos son similares al curso pasado y en consonancia con las ratios de nuestra región. Al final habría que bajar al último escalón y preguntar a los docentes sobre la veracidad del dato; y es aquí donde puedo hablar en primera persona y afirmar que mi departamento, con los datos del cupo comunicado a los centros a final de curso, somos el mismo número de docentes que el curso pasado, con la misma carga horaria y el mismo número de grupos.

Lo cierto es que los docentes queremos volver a estar con nuestros alumnos porque la relación que entablamos con ellos es el elemento fundamental del aprendizaje, y que NO HAY PANTALLA QUE PUEDA SUSTITUIR A UN BUEN DOCENTE Y A UNOS COMPAÑEROS DE AULA; de ahí la importancia de la bajada de ratios y la distancia de seguridad.

Ante este planteamiento, coincido con la ministra Celaá en la importancia de la presencialidad y más cuando el confinamiento dejó mucho más en evidencia las desigualdades de nuestro alumnado, no todos tenían su propio espacio para estudiar, ni un ordenador propio o una conexión a internet. Quedaron al descubierto las carencias del alumnado que vive en el mundo rural que no siempre pudieron acceder a una conectividad que les permitiese seguir con normalidad la enseñanza on line. No todos nuestros alumnos viven en ciudades o en núcleos de población grandes, una parte del alumnado de FP procede de pueblos de nuestra extensa provincia y no tienen más remedio que ir a los centros donde existe oferta de titulaciones.

Pese a esta incertidumbre, me consta el gran trabajo que han realizado los equipos directivos durante este verano para poder conseguir entornos seguros de trabajo, de hecho hemos tenido conocimiento por la prensa de la dimisión de algunos equipos directivos en nuestra región por no tener recursos suficientes para organizar sus centros en condiciones de seguridad, pero es una evidencia que para conseguirlo hace falta mucho más que señalización de pasillos, medición de aulas buscando conseguir la distancia de seguridad, reformas en los servicios, hidrogel en las aulas, papeleras de pedal o dos mascarillas por cada miembro de la comunidad educativa (ni mas, ni menos que DOS MASCARILLAS). Si alguien piensa que esto se soluciona sin la financiación adecuada se equivoca. Llevamos un tiempo recibiendo mensajes del dinero que vendrá de Europa y de los 2.000 millones destinados a educación; ahora es el momento de demostrar que la educación está entre nuestras prioridades y asumir compromisos reales de inversión.

Cabe recordar también que son varios los sindicatos, tanto de docentes como de inspectores, y las asociaciones de padres y madres que demandan en estos momentos bajadas de ratios, contratación de más profesorado, desdoble de grupos, medios tecnológicos, criterios educativos y sanitarios claros, protocolos de actuación para el caso de que surjan rebrotes en el aula o en el centro educativo… Pero todos coinciden en priorizar la bajada de ratios y la contratación de más profesorado para avanzar en la dirección correcta de trabajar con seguridad.

No es explicable que no se puedan celebrar reuniones familiares de más de 10 personas y un docente tenga que volver a casa cada día después de haber dado clase a cinco grupos que le supondrán de media 150 alumnos distintos, además de haber hecho alguna guardia de aula o de recreo, y haber coincidido con otros tantos en los pasillos. Si este coctel se adereza con poca distancia de seguridad y con condiciones de limpieza y desinfección que aún se desconocen, la mezcla puede tener tantos calificativos como se le quieran adjudicar.

Otra de las preguntas que se plantean es qué pasará con el alumnado de Formación Profesional y sus titulaciones. Sus estudios duran dos cursos, y la parte práctica de cada curso supone aproximadamente la mitad de la carga horaria. El curso pasado ya dejaron de practicar efectivamente un trimestre y si volvemos a la enseñanza on line ¿sus resultados de aprendizaje serán realistas? ¿De qué valdrá un título de Técnico de Laboratorio, de Automoción, de Gestión del Medio Natural, de Peluquería o de Restauración si el alumnado no ha podido adquirir los conocimientos prácticos para poder desempeñar su actividad laboral con garantías?

Con este panorama, es evidente que si las administraciones quieren apostar por un inicio de curso seguro y con las mínimas garantías de perdurabilidad en el tiempo, se necesita reforzar la plantilla docente, reducir ratios, medidas y recursos para reducir la brecha digital, reforzar la plantilla de personal de limpieza y desinfección durante la jornada lectiva y personal sanitario a disposición de los centros porque el profesorado y los equipos directivos no contamos con conocimientos de salud. Hay que apostar por desdoblar grupos para garantizar la distancia de seguridad, hacer turnos en las enseñanzas si fuera necesario, utilizar todos los espacios que se puedan poner a disposición de la comunidad educativa. Que no se quede un instituto medio vacío, ni un colegio infrautilizado cuando de lo que se trata es de hacer compatible la educación con la salud.

Es el momento de apostar por nuestros jóvenes, por su educación y por facilitarles las mejores salidas laborales. Los docentes queremos trabajar, pero queremos una vuelta segura, sin improvisaciones y planificada por el bien de toda la comunidad educativa. Aquí abro un paréntesis para ensalzar el trabajo desarrollado por todos los docentes durante la pandemia, todos trabajamos con nuestros propios medios, intentando sacar adelante a todos y cada uno de nuestros alumnos. Pusimos lo mejor que teníamos y sabíamos al servicio de la formación académica y humana de nuestro alumnado, y sin embargo ¿cuál está siendo nuestra sorpresa cuando vemos que han pasado dos meses desde la finalización del curso y cunde el sentimiento generalizado de que la educación ha estado aparcada durante mucho tiempo este verano? Echo de menos decisiones profesionales. Y por el contrario, creo que abundan decisiones tomadas en los despachos por personas muy alejadas de las aulas y de la realidad de nuestros centros educativos.

Y para finalizar, me pregunto ¿Con 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria, 40 en Bachillerato y 30 en Formación Profesional en un aula es trabajar en condiciones seguras? ¿Qué seguridad ofrecen los grupos burbuja con 25 alumnos si cuando salen del colegio se acabó la burbuja? ¿Qué ocurrirá con el transporte escolar y los comedores? ¿Está garantizada la salud del profesorado, del alumnado y de las familias de ambos? ¿Cuánto tiempo podremos seguir trabajando en estas condiciones? ¿Se proporciona una educación de calidad para todos y sin distinciones?

Muchos interrogantes, pocas certezas y la conjunción salud-educación pendiente de un hilo.

Juzguen por ustedes mismos.

Montserrat Martínez González. Catedrático de Enseñanza Secundaria