Hace cinco años comenzó a redactarse el anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha del que actualmente poco o nada se habla. Durante el proceso de participación abierto, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social reivindicamos que la futura Ley debía garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna a todas las personas, prevenir los desahucios, y ofrecer una alternativa habitacional en los supuestos en los que se acabase produciendo. Acabábamos de firmar un convenio de colaboración con la administración regional para la puesta en marcha de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, dando una respuesta social al problema de los desahucios en la región.
Así mismo, insistimos en la necesidad de mejorar el proceso de adjudicación de vivienda pública destinada a colectivos vulnerables que tienen más dificultades para encontrar una vivienda, incorporando criterios sociales y la actuación coordinada con los servicios sociales, y que a día de hoy supone la principal problemática en la gestión del parque de vivienda de alquiler social de la Junta de Castilla-La Mancha, generando problemas de convivencia, deterioro físico de los inmuebles y situaciones crónicas de exclusión.
Si bien el borrador inicial era muy ambicioso y tenía un carácter social, persiguiendo dar “el necesario tratamiento de aquellas situaciones más agravadas, y en algún caso próximas a las de situación de riesgo de exclusión habitacional que, hasta la fecha, no encontraban en el ámbito normativo una respuesta adecuada en forma de mandato”, en la actualidad las administraciones locales presionan en el sentido de regular el parque de viviendas vacías en zonas como La Sagra y el Corredor del Henares con el argumento de frenar la “okupación”.
Desde el Colegio de Trabajo Social creemos que no se debe renunciar a contar con una Ley que cumpla la función social de la vivienda que prevé la constitución.
Según las estadísticas, si bien el fenómeno de la “okupación” puede haber subido algo, las cifras no son tan significativas como para ocupar el espacio, repercusión y alarma que está produciendo.
Un altísimo porcentaje de las okupaciones lo son de viviendas vacías pertenecientes a los bancos, restos a miles, de la burbuja del ladrillo; y la usurpación, que no ocupación, de casas habitadas es algo marginal. La gente no va a complicarse en ocupar una vivienda habitada cuando hay miles de viviendas vacías de los bancos.
¿Nos hemos parado a pensar sobre el perfil de las personas que se ven abocadas a tener que ocupar una vivienda vacía? ¿Podemos intentar siquiera conectar la grave crisis que padecemos, la falta de vivienda asequible ya sea para compra o alquiler, los sueldos de los trabajadores pobres, para intentar llegar a comprender siquiera un poco estas situaciones y su estrecha relación?
Desde el Trabajo Social pensamos que es más importante terminar de diseñar nuestra Ley de Vivienda con las ambiciones sociales que recogía el borrador de la misma, hacer que vea la luz y se implementen sus medidas.
Se hace más necesario que nunca articular recursos que palíen el empobrecimiento de las familias y el casi la imposible posibilidad de acceder a una vivienda digna
Por supuesto poner en marcha y consolidar políticas bien dotadas de recursos que trabajen la convivencia y la inclusión de zonas que pueden correr más riesgo de padecer este fenómeno el de la okupación, que existe, no lo vamos a negar pero que ha sido magnificado con segundas intenciones.
No caigamos en tentaciones alarmistas y populistas. Ante la disyuntiva de que es más importante, urgente y necesario en Castilla-La Mancha, si la “Ley de Vivienda” o la “Ley Antiokupación”, este Colegio Oficial de Trabajo Social lo tiene claro; por si hay alguna duda, es la primera de ellas.
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha