Tenemos la suerte de hablar, escribir y comunicarnos en una lengua enormemente rica en variantes y diferentes acepciones para una misma palabra. Las palabras no son solo aquello que da significado a lo que pensamos, sino que también expresan lo que sentimos al escucharlas. Por ello, cuando visualizamos la palabra urbanismo, a nuestra mente acuden al instante imágenes de planos, ladrillos, hormigón o grandes extensiones de terreno yermo sobre las que levantar viviendas o naves industriales. Unas imágenes generalmente serias y poco amables, reflejo de la dureza, severidad y aspereza que nos sugiere la palabra.

Afortunadamente, todo tiene su cara y su cruz, y este jueves en la sesión de las Cortes de Castilla-La Mancha, los grupos parlamentarios allí representados dimos el pistoletazo de salida para la tramitación de la Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, Ley SUMA. Una proposición de ley que pretende simplificar el urbanismo y las medidas administrativas que lo acompañan en nuestra región, haciéndolo más accesible y asequible para el conjunto de la ciudadanía.

Una nueva normativa innovadora en su concepción, ya que está pensada, ideada y diseñada para que la ciudadanía de nuestros pueblos y ciudades disfruten de las ventajas que ofrece la acción urbanística del siglo XXI, donde las zonas verdes y las dotacionales públicas se ubiquen donde puedan ser disfrutadas por la ciudadanía en general, un urbanismo que sea capaz de distribuir las plusvalías que genera aplicando una discriminación positiva en favor de los municipios de menor población, un urbanismo que haga especial hincapié en proveer de instrumentos legales suficientes para facilitar las inversiones productivas en los municipios afectados por el despoblamiento para mejorar sus economías fijando su población, eliminando trámites administrativos repetitivos y tediosos, creando unas nuevas normas flexibles como juncos, pero firmes como robles, que sean capaces de atender a la realidad cambiante de nuestra sociedad, a la particular idiosincrasia de nuestros pueblos y ciudades que ya no se verán encorsetados a la hora de diseñar el destino de sus patrimonios públicos del suelo y a las necesidades reales que plantea la ciudadanía en su quehacer cotidiano.

Un borrador de texto legal que ha surgido de la suma de voluntades políticas de los grupos Socialista y Ciudadanos a nivel regional, a las que en esta sesión parlamentaria también se sumó el Partido Popular y que ha sido respaldado e impulsado por el Gobierno del presidente García-Page. Una proposición de ley que es la suma de las peticiones, reivindicaciones y también quejas de nuestros alcaldes y alcaldesas de toda la región y de todas las sensibilidades políticas. Unas modificaciones legales que pretenden sumar a la causa del urbanismo amable a los agentes urbanizadores, a los colegios profesionales, a las Diputaciones Provinciales y a los ayuntamientos, como la principal administración donde las líneas maestras que inspiran las sesenta y una innovaciones que el proyecto de ley introduce a la actual normativa urbanística, se convierten en una realidad que se puede constatar y evaluar.

Unas innovaciones legales inspiradas en los principios del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que persigue un uso racional del suelo, apostando por un urbanismo sostenible y favorecedor de la economía circular, donde la perspectiva de género tendrá un peso específico tan necesario como efectivo y donde la ciudadanía tenga voz propia a través de los procesos de participación establecidos.

Con esta proposición de ley, el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page acepta el reto de establecer las nuevas bases de un nuevo modelo de urbanismo, donde su principal leitmotiv es la igualdad de oportunidades, la inclusión y la cohesión, en definitiva, la humanización de la normativa que ha sido el ejercicio de todos los actores en esta ley.

Estamos ante un texto que suma voluntades y que produce ilusión y esperanza porque establece ventajas competitivas para seguir progresando como región y como sociedad. Con esta proposición de ley, hoy, en Castilla-La Mancha se pone en valor el consenso participativo, el que otra manera de hacer política es posible y que el urbanismo ha añadido nuevas acepciones a nuestro particular acervo popular. Porque ha introducido factores de justicia redistributiva en el reparto de plusvalías, porque ha eliminado trabas, porque facilita la acción comercial y empresarial, porque piensa en la ciudadanía, porque pone trabas a la despoblación y porque hace de los ayuntamientos verdaderos agentes urbanizadores de su territorio y, todo ello, desde la SUMA y con la suma de voluntades. Una SUMA que no es aritmética.

Marisa Sánchez Cerro es portavoz de Fomento del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha