Artículo de opinión de María José Pérez Salazar, concejala portavoz del grupo municipal de IU en Azuqueca de Henares

La propagación mundial del COVID-19, la declaración de pandemia el pasado 11 de marzo y las graves consecuencias que ha generado en nuestra sociedad, han suscitado en la opinión pública un alto grado de sensibilidad hacia la importancia del Sistema Sanitario Público, sentimiento que se ha visto fortalecido por el miedo que tenemos todos a que los servicios sanitarios se vean superados por una demanda desbordada.

Los médicos de atención primaria (AP) soportan un gran peso asistencial desde que se inició la pandemia, una sobrecarga que no les resulta nueva porque este sector de la medicina pública sufre un excedente asistencial desde hace años, sin que la administración haya resuelto aún sus reivindicaciones. El problema de la covid-19 sólo ha sido una carga más a soportar por este maltratado colectivo que trabaja en una lamentable precariedad de recursos, sobre todo humanos. Los problemas que tiene en tiempos de pandemia son los mismos que arrastra desde hace décadas (sólo que sumados a los propios de la covid-19) por ser el sector más penalizado de la sanidad pública, acostumbrado a funcionar con muchas carencias cuando debería ser la joya de la corona al primer punto de contacto de los ciudadanos con el Sistema Nacional de Salud.

Y por otro lado, se encuentra el resto de las patologías que siguen su curso y que no están siendo atendidas. Son por desgracia, uno más de los daños colaterales de esta pandemia y que incluso está provocando la muerte de muchas personas.

¿Tan ciegos han estado los gestores durante décadas al no darse cuenta de que la atención primaria es el cimiento que sostiene a la sanidad, y pese a ello ha destinado generosas partidas para ayudar a la banca mientras que en los centros de salud se trabajaba en precario, con consultas masificadas y con agendas repletas?

¿Tan ciegos están quienes permiten que las puertas de urgencias hospitalarias se saturen, en parte por los pacientes que acuden a resolver un simple proceso agudo para el que su centro de salud les ha dado una cita al cabo de varios días?

¿Tan malos gestores son nuestros gobernantes, y me da exactamente igual la tendencia política, al ignorar que una inversión en atención primaria (sobre todo, contratando a más profesionales) resolvería muchos problemas en los centros de salud, y evitaría que los pacientes fueran a las urgencias hospitalarias a resolver lo que le corresponde a su centro de salud?

Sólo tenemos que ver cómo se comportan lo gestores más cercanos, aquellos que están al frente de la Administración local, para entender el comportamiento de las otras.

En nombre de mi grupo y lo largo de esta legislatura, he presentado varias mociones en defensa de nuestra Sanidad Pública. En julio de este año insistimos en la necesidad de blindarla en la Constitución, pero desgraciadamente, Blanco y su grupo se opusieron porque no les pareció buena idea que solicitáramos al señor Emiliano García-Page la gratuidad del parking del Hospital Universitario de Guadalajara. ¡Lo que hay que ver!

La última la presentamos en septiembre para exigir con urgencia el refuerzo de la Atención Primaria al comprobar que estaba al borde del colapso. No hubo necesidad de debate, todos los grupos políticos sin excepción apoyaron la iniciativa. Habría que decir que incluso la señora Martín, responsable del área de Desarrollo Saludable, y el señor Pinillos, portavoz del Gobierno, se comprometieron a redactar una carta, firmada por los portavoces de los distintos grupos políticos, dirigida al señor Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para que adoptase medidas urgentes.

Casi dos meses después de la aprobación del texto por el Pleno de la Corporación, ni la responsable del área sanitaria ni el portavoz del Gobierno han hecho absolutamente nada. Es más, les pregunté en la última sesión plenaria que se celebró hace unos días, y ni siquiera respondieron. Esta es la preocupación que muestran por defender los derechos de los vecinos y de nuestros profesionales sanitarios. ¡Ellos están en otra cosa!, en el incesante juego del clientelismo que es lo único que les funciona para poder continuar donde están.

Queda demostrado que la defensa de la Sanidad, de la Educación, de las políticas de viviendas o de los servicios sociales, entre muchas otras, pilares básicos todos ellos de nuestro Estado de bienestar, carecen de importancia para un grupo, como es el de Alcalde Blanco, que no está dispuesto a emprender acciones para reivindicar lo que es de los azudenses, porque eso significaría enemistarse con los que comparte siglas. Es una desgracia que tengamos que padecer un Gobierno que antepone los intereses del grupo a la defensa de los derechos básicos.

La pandemia ha sido la gota que ha derramado el vaso y si algo nos ha hecho aprender, desde luego no a los del Gobierno de Blanco, es el valor de nuestra sanidad pública, que ha sido fundamental para enfrentarnos a la crisis, protegiendo la salud de todas las personas. Por eso, nuestros profesionales deben contar con todos los medios necesarios para que puedan seguir haciéndolo en el futuro. Debemos dotarla de más recursos, garantizar el mantenimiento de los mismos, ampliar la cobertura, apoyar la investigación, mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y, lo más importante, protegerla de las decisiones y actuaciones de cualquier gobierno que deriven en recortes. O se actúa cuanto antes o lo lamentaremos cuando ya no haya remedio.