Durante estos últimos días hemos tenido ocasión de rememorar lo que todavía no hemos tenido tiempo de olvidar. Nuestro mundo, ese en el que nos sentíamos seguros y protegidos, sufrió el ataque devastador de un enemigo invisible travestido de virus, que no solo dejó vacías las calles y bajó la persiana a toda actividad que no fuera esencial, sino que segó antes de tiempo demasiadas vidas que nos dejaron de forma inesperada.

Ahora que estamos atravesando una etapa de valle, con la esperanza puesta en las vacunas, se hace necesario valorar el esfuerzo y buen hacer de la inmensa mayoría de la ciudadanía que, siguiendo a pie juntillas las indicaciones que dictan las autoridades sanitarias, ha hecho posible que podamos superar una ola tras otra, con la menor incidencia posible.

Y esa misma percepción, la del esfuerzo continuo y sin desmayo, es lo que siento cuando pienso en el trabajo del Gobierno regional. En un año plagado de incertidumbres y miedos, los responsables regionales con su quehacer diario antepusieron la vida y la salud a todo lo demás, no regateando esfuerzos ni recursos en áreas tan sensibles como la sanidad, la atención social o la educación.

Pero, lamentablemente en este escenario no todos los actores políticos han mostrado la misma cara. Mientras que unos buscaban recursos que poner encima de la mesa para hacer frente a esta pandemia, otros, la oposición política encabezada por el Partido Popular del señor Núñez, se perdía en disquisiciones dialécticas y ocurrencias que no iban a ningún sitio, incluso mercadeando con el dolor y el sufrimiento.

Y en el colmo del despropósito político, cuando hubo que ponerse del lado de la sociedad castellanomanchega, aportando ideas y propuestas al Pacto por la Recuperación, sencillamente optaron por ponerse de perfil y autoexcluirse del mismo. Sinceramente a estas alturas lo único que me sorprende es que el Partido Popular aún me siga sorprendiendo. Afortunadamente, el partido Ciudadanos supo entender la situación y contribuyó de forma decidida a que este pacto llegara a buen puerto.

La acción coordinada del Gobierno ha dado como resultado que, aunque las políticas sanitarias, sociales o educativas hayan sido prioritarias, el resto de consejerías también hayan aportado su dosis de bienestar aún mayor a nuestra ciudadanía. Y la Consejería de Fomento no ha sido ajena a esta preocupación.

Habida cuenta de que la movilidad es un enorme vector de riesgo de contagio, fue preciso rediseñar todo el mapa de transporte de viajeros, modificar horarios habituales en el transporte de media distancia, pero manteniendo aquellos que coincidían con las entradas y salidas de lugares de trabajo del personal calificado como esencial.

De forma paralela, en una iniciativa pionera, este Gobierno puso en marcha medidas de protección para los adjudicatarios del parque público de vivienda regional afectados por el virus, mediante un sistema de moratorias sin interés en el pago de sus recibos, aplazamiento del pago de las rentas de alquiler a las personas del parque de vivienda público que no tienen domiciliado su recibo, suspensión de los desahucios y prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento. Todo un arsenal de medidas y de información para que no se diera la dolorosa paradoja de que mientras se le pide a la ciudadanía que permanezca en casa para protegerse, lo que se tuviera es miedo de ser desalojados de esa misma vivienda.

Lejos de suspender la planificación de obra pública, se sumó al plan de reactivación toda una serie de obras de rehabilitación, mejoras de intersecciones, firmes y pavimentos, además de la señalización horizontal y vertical, todo ello pensado en la mejora de las zonas turísticas para generar mejor economía. Y primordial fue la adaptación del trabajo de las brigadas de carreteras que hicieron posible continuar con la normalidad en las vías regionales.

El trabajo en las Cortes regionales dio sus frutos con la tramitación y aprobación de la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios, una ley que posibilita e incentiva el fomento de iniciativas empresariales en nuestra región que atraigan inversiones en sectores estratégicos. También de la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA), que tiene como objetivo poner a disposición de empresas y pequeños ayuntamientos una mayor agilidad a la hora de rediseñar la actividad productiva en el mundo rural. Una suma a la que la bancada popular no se sumó, algo habitual por otra parte, obviando herramientas para evitar que este virus que tanto daño nos ha hecho en términos de salud, mute y ataque también a nuestro sector productivo.

Con el final del año llegó la Proposición de Ley contra la Ocupación Ilegal de viviendas y, lamentablemente, el principal partido de la oposición, el PP de Paco Núñez, se volvió a poner nuevamente de perfil y no apoyó las propuestas para el endurecimiento de las penas o la encomienda a los tribunales para que en un plazo de 48 horas poder desalojar al okupa.

El principio del nuevo año nos trajo la borrasca Filomena. Un temporal que en Castilla-La Mancha no frenó la vacunación frente a la COVID-19 gracias a la rapidez del operativo y la coordinación entre administraciones.

No descubro nada nuevo si afirmo que es necesario seguir arrimando el hombro para conseguir ganar la batalla al virus. Por eso quiero pedir a mi Gobierno que no desfallezca, que continúe trabajando con firmeza y decisión para no dejar a nadie atrás y que haga oídos sordos a las maniobras de distracción que vinieron, vienen y vendrán desde el Partido Popular, mucho más entregado a la causa de destruir que a la de construir y ejemplos, como las meigas, haberlas, haylas. El trabajo será duro, sin duda, pero el bienestar de nuestra ciudadanía bien merece el esfuerzo que a buen seguro no se regateará. De todos es sabido que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión y pasión por Castilla-La Mancha no es algo que se eche de menos en el seno del Gobierno regional.

Marisa Sánchez Cerro es portavoz de Fomento del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha