El pasado día 3 de junio se cumplía el año del Acuerdo de Reconstrucción para Castilla-La Mancha, firmado por el Gobierno regional, Ciudadanos y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Trascurrido ese tiempo, hoy podemos hacer una valoración positiva del mismo.

Tanto el Gobierno como ambos grupos fuimos conscientes del grave problema que la pandemia estaba generando en el ámbito sanitario, y como el confinamiento inicial, tendría graves repercusiones económicas. Nunca fue tan literal lo de que el mundo se paró.

Una sociedad de mercado se hace difícilmente compatible con una pandemia. Cuando los mercados se paralizan se paraliza la economía, y solo los servicios esenciales mantuvieron su actividad. Quizá todavía no hayamos tomado conciencia plena de lo que nos ha pasado.

Miles de trabajadores se vieron subsumidos en un ERTE o engrosaron las colas del desempleo. Millares de autónomos tuvieron que echar el cierre temporal, y algunos de ellos de forma definitiva. La pandemia cambió nuestras vidas y sus efectos perdurarán durante tiempo. Nada será igual y muchas cosas serán diferentes. Comenzará un tiempo nuevo.

Ya el acuerdo que en mayo el Gobierno regional firmó con los agentes sociales constató la necesidad de que todos éramos necesarios para afrontar la crisis. García-Page tenía esa percepción y su interés estuvo en hacerlo también extensivo a los grupos políticos representados en las Cortes. Así se consideró y esa idea la trasladamos al resto de los Grupos políticos. Ciudadanos fue siempre receptivo a firmar un acuerdo, sin embargo, el Partido Popular decidió adoptar otro camino, tal vez porque consideró que ello suponía apoyar al Gobierno regional. Nada más lejos de la realidad, el significado de acordar estaba más en orden a afrontar conjuntamente la mayor crisis sanitaria, con sus derivas económicas y sociales, habida en décadas. El PP regional, desgraciadamente, no ha estado a la altura de las circunstancias y quiso hacer política partidista de la pandemia.

El acuerdo suponía concertar para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la dura crisis que teníamos encima. No se firmaba para salvar la cara a ningún Gobierno, sino para evitar, en lo posible, los efectos perniciosos que la crisis tendría sobre la sociedad.

Fue, y aún sigue siendo, altamente positivo en el ámbito de lo sanitario, en el educativo y en el social. De no haberse firmado no hubiéramos podido afrontar, de la misma manera, los problemas que se avecinaban. Luego, las ayudas del Gobierno de España y de la Unión Europa irían viniendo, y contribuyendo a nuestro proyecto de recuperación.

Fuimos conscientes que los recursos públicos tenían que tener sus prioridades y centrarse. Primero, en la solidaridad activa con aquellos sectores de la población afectados en su vida cotidiana, su trabajo, su empresa o su negocio por la pandemia y los efectos de la misma.

Segundo, el reforzamiento y blindaje del sistema sanitario público, con medidas de salud pública, imprescindibles para que esta se restablezca con la máxima seguridad y garantía sanitaria. Para ello se contrataron miles de sanitarios, se reforzó la atención primaria, se continuó con la modernización del sistema y la construcción de nuevas infraestructuras.

Se adoptaron medidas de Bienestar Social, con el reforzamiento y blindaje de los servicios sociales, que garantizase una seguridad plena a quienes más lo necesiten y un potente sistema de protección para nuestros mayores, desgraciadamente tan afectados por la enfermedad. Ayudas muy importantes han contribuido al reforzamiento de las residencias de mayores y a atender las necesidades del Tercer Sector Social.

El sistema educativo, se reforzó y adaptó a las nuevas circunstancias, impulsando las nuevas tecnologías y posibilitado que niños y jóvenes sorteasen los problemas derivados del confinamiento. Luego, la reincorporación a las aulas en septiembre fue modélica y ejemplar.

Se han adoptado medidas para el impulso de la actividad económica en los sectores estratégicos más afectados por la crisis sanitaria, con especial incidencia en empresas, trabajadores, autónomos y pymes a los que se han destinado casi quinientos millones de euros, más otros cien millones destinados a planes de empleo.

Pero, además, las Cortes regionales han aprobado leyes importantes, como la ley de Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha y cuyo objeto principal era agilizar la inversión en nuestra tierra. Se aprobó la ley que creaba la reserva estratégica de productos sanitarios, pionera en España. Se aprobó la ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021, un auténtico instrumento para la recuperación, que prevé la incorporación de los fondos comunitarios, y la ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.

El acuerdo se ha cumplido en un porcentaje muy alto, y es cierto que aún hay medidas que se están desarrollando, teniendo en cuenta que los efectos de la pandemia no han concluido.

Los indicadores regionales que se vislumbran son positivos tanto en vacunaciones como en evolución de la pandemia en el ámbito sanitario. También lo son los datos económicos, tanto en lo relativo a la inversión empresarial, desempleo, nuevas contrataciones, progresiva recuperación del turismo, la vuelta a la normalidad en la hostelería y la restauración y la recuperación general de los sectores más afectados.

Es obvio que cuanto más unión y acuerdo haya en el ámbito político como en el socio-económico, mejor afrontaremos la recuperación. Nuestra región, con un alto nivel de estabilidad institucional y social, nos hacen ser fuertemente competitivos y favorece que los inversores se fijen en nosotros.

Por otra parte, la gestión de los Fondos Europeos que también se contempla en los acuerdos y que se irá implementando en la medida que la Comisión Europea valore el Plan de Recuperación, porque buena parte de lo que ocurra en el futuro está condicionado al plan, algo que es una realidad en los Presupuestos Regionales para 2021.

En cuanto la UE los apruebe el ritmo de recuperación económica dará un acelerón importante y, es importante que estemos involucrados todos, ya sean partidos políticos –muy especialmente los firmantes del Acuerdo-, como agentes económicos y sociales, empresarios, trabajadores y autónomos.

La crisis del 2008 se olvidó de la gente a la hora de afrontar soluciones. La solución a esta crisis pandémica de 2021, en medio de la dificultad y de una difícil gestión, es estar con la gente, generar nuevas ilusiones y propiciar un tiempo nuevo.

Fernando Mora es presidente del Grupo Socialista en las Cortes de CLM