Me pregunto qué intereses se protegen desde Bruselas mientras se pretende desmontar la agricultura y la ganadería justificándose con un ecologismo artificial. Desde los despachos de la Comisión Europea están empeñados en cargar el mochuelo del cambio climático a agricultores y ganaderos. Nada más lejos de la realidad. Basta con ver los niveles de contaminación durante la pandemia, que descendieron muy notablemente y no porque los productores dejaran de trabajar, sino porque se paralizó el transporte y parte de la industria. Se dejaba así en evidencia muchas de las acusaciones de determinados colectivos sobre el papel contaminante de la agricultura y ganadería.

De hecho, agricultores y ganaderos son los que se preocupan verdaderamente por el medio rural cuando los vemos salvar animales en los incendios o cuando sacan los tractores a la calle durante las pandemias y las "Filomenas". Es más, son los que se encargan de poner el alimento de cada día en la mesa. Y, sin embargo, las teorías verdes son las que están detrás de estrategias europeas como las de "Biodiversidad" o "Del campo a la mesa" o las nuevas exigencias ambientales de la Política Agrícola Común (PAC), donde paradójicamente no se tiene en cuenta los intereses de los que verdaderamente viven y trabajan del campo. Al contrario, se trata de estrategias que atentan gravemente contra el sistema productivo.

Este ecologismo artificial de despacho se extiende como la pólvora entre los medios de comunicación y la opinión pública. Y cuando un informe técnico revela las consecuencias que pueden tener el aplicar estas estrategias, se publica, como dice el Comité de organizaciones agrarias y cooperativas de la UE, COPA-COGECA, "mientras la mayoría de las partes interesadas de la UE están de vacaciones anuales, sin ningún anuncio y con una comunicación mínima".

Hablamos del esperado informe sobre el impacto de cuatro objetivos de las estrategias "Biodiversidad" y "Del Campo a la mesa" que el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea ha publicado poco más que a escondidas. Reflexionemos ahora sobre las principales conclusiones que se extraen.

Primera, sea cual sea el escenario considerado, todos los sectores muestran descensos en la producción de entre el 5 y el 15 por ciento, siendo los sectores ganaderos los más afectados.

Analicemos. Se obliga a producir menos en la Unión Europea, por lo que, consecuentemente, será América, Asia o África los que tengan que aumentar la producción para alimentar a mucha más gente, porque como ya advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, el crecimiento de la población mundial está siendo muy rápido.

Así, mientras los europeos producimos menos, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, aunque ello suponga que dichas emisiones aumenten en terceros países. Así que no, no se reducen, se trasladan y, por mucho que se laven conciencias, las fronteras no nos salvan de la contaminación de la otra parte del planeta.

Por otra parte, si limitamos el sistema productivo comunitario, tendremos que compensar aumentando las importaciones. Y me resulta cuanto menos sorprendente que se pretenda reducir la capacidad del sistema de producción más seguro del mundo para consentir la entrada de alimentos con menos garantías.

Así que, aunque nos quieran vender justo lo contrario, hablamos de un palo a la seguridad alimentaria, porque mientras nuestros agricultores y ganaderos cumplen rigurosamente las exigentes normativas comunitarias, en terceros países distan muchos los métodos de producción, como el uso de cientos de sustancias activas aquí prohibidas, y otras prácticas en materia de protección del medio ambiente, de bienestar animal e, incluso, con otras condiciones sociales y laborales muy diferentes a las de aquí.

La segunda de las conclusiones, obvia, es que disminuiremos posiciones netas de exportación y empeorará el déficit comercial de la UE. Perderemos capacidad competitiva a nivel internacional. Como bien dice el COPA-COGECA, más vale que la Unión Europea fuera tan ambiciosa en su política comercial como lo es con sus estrategias internas.

Y la tercera conclusión a la que nos referimos es que, sea cual sea el escenario, los costes de producción aumentarán en torno a un 10 por ciento, con un impacto negativo para la mayoría de los ingresos de los agricultores.

He aquí el quid de la cuestión. ¿Cómo se va a compensar la pérdida de rentabilidad que sufrirán nuestros agricultores y ganaderos?

En España, hasta el momento, son los productores los únicos que asumen los incrementos de los precios de la electricidad, el gasóleo, los piensos… y otros costes de producción.

Todos los eslabones tienen un margen comercial positivo mientras que el productor asume toda la pérdida de la cadena de valor. Dicho de otra forma, a todos los eslabones les cuadran sus cuentas menos al agricultor y, por mucha ley de funcionamiento de la cadena alimentaria que tengamos, algo no está funcionando bien.

Pero la PAC va mucho más allá que las estrategias mencionadas. Tras la llegada del acuerdo entre las instituciones europeas sobre la reforma, los Estados miembros deben elaborar un Plan Estratégico para adaptar la aplicación de la PAC a la realidad de cada uno de ellos, atendiendo a las necesidades y problemas específicos de los diferentes modelos de agricultura.

Pues bien, en España, las primeras propuestas presentadas por el Ministerio de Agricultura no son nada halagüeñas para el campo español y, mucho menos, para el castellano-manchego. Primero porque no se puede ser más papista que el Papa y pretender poner más limitaciones y exigencias para producir alimentos que las que ya pone Bruselas. Y, segundo, porque presentan una propuesta de convergencia especialmente dañina para los agricultores y ganaderos castellano-manchegos.

Esta reforma de la PAC conlleva un proceso de convergencia, que consiste en aproximar los importes de los derechos de pago que tiene cada productor a la media de cada una de las regiones productivas. Pues bien, España, al contrario de lo que busca Bruselas y de lo que están haciendo el resto de países europeos, ha propuesto una convergencia del 85 % y ha determinado 20 regiones productivas.

Sin entrar en materia, esto supone que no todos los agricultores y ganaderos de cualquier parte de España cobrarán lo mismo por hacer las mismas prácticas agrícolas, independientemente de dónde estén ubicados. Las regiones "pobres", con menos pagos por hectárea, seguirán teniendo las menores ayudas. Entre ellas, Castilla-La Mancha.

Por eso, desde ASAJA Castilla-La Mancha, y de acuerdo con el resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias de la región, defendemos una convergencia total, del 100 %, y un número de regiones productivas de cinco o seis.

En definitiva, cada vez es más difícil y costoso producir y se desoyen las voces de los agricultores y los ganaderos.

El COPA-COGECA, ante las conclusiones del estudio sobre el impacto de las estrategias "Biodiversidad" y "Del campo a la mesa", recomienda alertar a las partes interesadas más allá de la comunidad agrícola y crear un debate público.

Pues bien, yo voy más allá. Para que se visibilicen los problemas de los agricultores y ganaderos, para que dejen de jugar con las cosas del comer, deberíamos movilizarnos, deberíamos salir a la calle y deberíamos salir ya. Nos sobran los motivos.

José María Fresneda es secretario general de ASAJA de Castilla-La Mancha.