Una vez consolidada la España Autonómica no tiene sentido alguno la existencia de Instituciones que suponen una duplicidad en las funciones y competencias administrativas y de gestión. 

Las diputaciones provinciales son claro ejemplo de ello, son una Institución que no es elegida democráticamente por los ciudadanos, sus competencias se solapan con las direcciones provinciales de los gobiernos autonómicos y según algunos estudios suponen un coste político de unos 4.000 millones de euros anuales. Los funcionarios, el personal laboral y el patrimonio de las diputaciones debería traspasarse a la delegación provincial correspondiente y así ahorrar en sueldos a políticos y asesores, desplazamientos, gastos de representación, dietas, etc. 

En el año 2011 Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo secretario general del PSOE ya manifestó, con buen criterio a mi juicio, la inutilidad de las diputaciones y la necesidad de suprimirlas, algo que sus “barones” territoriales no le permitieron, ya que suponía la desaparición de una importante “agencia” de colocación. El único partido que defendió la desaparición de las Diputaciones fue UPyD, y después Ciudadanos más tímidamente. 

La excusa de los políticos que defienden la utilidad de las diputaciones es que sin ellas los pequeños municipios quedarían desatendidos, pero insisto: las delegaciones provinciales de los gobiernos regionales están para eso. Imaginemos que lo que se puede ahorrar con su supresión se invierte en los pequeños municipios. 

Dicho esto, soy de los que no pierden la esperanza de que más pronto que tarde algún político tenga la valentía de plantear este tema, y la clase política piense en los ciudadanos y sus necesidades, en lugar de sus intereses partidistas. 

José Ignacio Roldán Cortés