La participación como derecho: más allá de votar cada 4 años

Cada 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, conmemorando el hecho de que, en 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde POLIS, Grupo de Trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, festejamos un año más este día reflexionando acerca de la importancia de este hito con base en lo que dice la Iglesia respecto a los derechos humanos. A la vista de los procesos electorales en el calendario del año próximo, es buen momento para detenernos en el derecho de participación.

En el magisterio de la Iglesia, la participación aparece como uno de los principios del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), definiéndola como “una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece” (CDSI, 189). La clave es entender, primero, que hay varias vías para participar en democracia; y segundo, que nadie puede quedar excluido porque todos tenemos una tarea ordenada al bien común. El Concilio Vaticano II trató la participación acentuando la obligación de colaborar y de actuar, no sólo el derecho en sí (Gaudium et Spes, 73).

El Compendio señala, por tanto, que la participación puede llevarse a cabo como individuo, de forma directa, o por medio de los representantes (políticos). En este sentido, los Papas han insistido siempre que en la política no intervengan sólo los políticos, que intervengan también los ciudadanos por sí o por entidades intermedias. Así, la participación como derecho-deber va más allá de votar cada 4 años a nuestros representantes en unas elecciones.

S. Juan XIII trata la participación como la gran vía común para fomentar, garantizar y llevar a cabo el cuadro total de los derechos humanos que hoy celebramos (Pacem in Terris, 31-34), aunque señala que ésta se hará “en grados diversos, según las categorías, méritos y condición de cada ciudadano” (PT, 56). Y en un grado distinto a la participación política está lo que se conoce como participación ciudadana, que no merma ni anula la acción de los representantes políticos, sino que la potencia y purifica. Volviendo al Compendio, se señala que “el referéndum es también un instrumento de participación política, con él se realiza una forma directa de elaborar las decisiones políticas. La representación política no excluye, en efecto, que los ciudadanos puedan ser interpelados directamente en las decisiones de mayor importancia para la vida social” (CDSI, 413). Otras formas de democracia directa en las que puede verse interpelado un ciudadano son la iniciativa legislativa popular (ILP), acuerdos de asambleas vecinales o petición de opinión a través de un portal de una Administración Pública para el diseño y reorientación de determinadas políticas públicas, etc.

Esta última reflexión me lleva a las conclusiones de una investigación que hice hace unos meses partiendo de la premisa de cómo podríamos sustituir los mecanismos representativos clásicos –el voto cada 4 años– por otros participativos de democracia directa, lo cual devolviese a los ciudadanos de alguna manera eficaz la toma de decisiones, mejorando el nivel de consenso en la sociedad. Y es que el hecho de que las preferencias de los ciudadanos estén en muchos casos divididas no hace necesariamente peor que estas se resuelvan mediante voto sobre las políticas concretas y no mediante voto a los representantes. La respuesta a este dilema la encontramos a escala local, en los municipios, diseñando referéndums (consultas ciudadanas fuera del periodo electoral) donde, por ejemplo, cualquier vecino pudiera defender su opción acerca de cómo llamar a una plaza nueva o encontrar la mejor localización para un centro deportivo.

Estos métodos de participación a los que están muy acostumbrados en otros países con más historia democrática chocan con la realidad española, donde nos encontramos datos de debilidad en la participación ciudadana, acrecentados por la global desafección política de los últimos años. En el estudio ‘Cuarenta años después: la sociedad civil española, de un primer impulso a una larga pausa’ (Pérez-Díaz y Rodríguez, 2022. FUNCAS), se concluye que esta poca participación en España se debe “a las frustraciones generadas por intentos de participación en la vida política o asociativa, de la que se puede haber salido con un desengaño; o, simplemente, por no sentirse escuchados, es decir, respetados, respondiendo con la misma moneda; o por la sensación o la percepción, más o menos confusa, de que la política se refiere a algo lejano e incomprensible”.

¿Y cómo proceder para hacer atrayente la participación ciudadana más allá del voto cada 4 años? También hay respuestas en la DSI, ya que, como dice el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’ (LS), “la participación requiere que todos sean adecuadamente informados de los diversos aspectos y de los diferentes riesgos y posibilidades, y no se reduce a la decisión inicial sobre un proyecto, sino que implica también acciones de seguimiento o monitorización constante” (LS, 183). Esta reflexión sitúa como principales actores a los políticos, pero estos tienen que esforzarse en no perder el contacto con la ciudadanía con una escucha activa. Si se flaquea en fomentar estas formas de participación, acabaríamos inevitablemente en una “corrupción […] que suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente” (LS, 182).

La frase que muchos repetimos a los que nos gobiernan de que “hay que tratar a la gente como adultos”, el Papa Francisco la desarrolla de una manera exquisita: “hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación” (LS, 183).Y es que la rendición de cuentas entre el gobernante y el gobernado no se puede ceñir únicamente a cada 4 años, sino que hay que esforzarse en buscar vías eficaces para que la participación sea continua, “transparente y sujeta al diálogo” (LS, 182).

Julio Comendador, miembro del Grupo POLIS.