El trasvase es como una inmensa herida abierta a lo largo de nuestra tierra. Por esa herida se ha desangrado nuestra tierra a lo largo de los años. Es la última herencia que nos dejó la Dictadura, esa misma que se ocupaba de los grandes núcleos de población, en Madrid, Cataluña, País Vasco o el Levante, al tiempo que se olvidaba de otras tierras que, despobladas y desoladas, eran poco más que un terraguero, y de donde migraban millares de ciudadanos a esas otras regiones más ricas...
Hace cuarenta y cinco años se inició este proceso de llevarse el agua limpia, desde los embalses de cabecera del río más largo de la Península hasta Levante, mediante un canal de 292 km, que permite derivar hasta un caudal máximo de 33 m3/seg (ahora, a su paso por Toledo, debería ser, y no lo es, de 12,5 m3/seg)
Si lejos de aquí se instalaban las industrias, se construían modernas infraestructuras, también se planificaba un trasvase desde el río Tajo al Levante que permitiría el impulso al desarrollo hortofrutícola, agroalimentario y turístico del sureste de la Península.
Y todo ello se hacía sin que nadie reparara en la necesidad de nuestra tierra y sin que quienes nos gobernaban contemplasen que aquí vivía gente con derechos y capacidades para soñar con una sociedad en progreso. Ni tan siquiera se pensó que aquí el agua fuese una necesidad. Las tierras del sur de Castilla y de la Mancha siempre habían sido pobres, de miseria, y tenían una condena secular y permanente que a nadie se le ocurría redimir.
Cuando en los años del desarrollismo de los sesenta se tomó la decisión de trasvasar agua de la España árida y de interior a la España seca y mediterránea nadie había pensado en la desalinización, ni en el reaprovechamiento de las aguas residuales depuradas. En el siglo XXI ambas cosas son posibles sin necesidad de perjudicar ni a la conservación del cauce natural del rio Tajo, ni a los habitantes de su cuenca, ni en su suministro, ni en sus necesidades, ni en sus futuros desarrollos.
Desde que en 1983 accedimos a la autonomía, Castilla-La Mancha no ha cejado en su empeño de reivindicar la reversibilidad del trasvase, con recursos jurídicos y políticos, pero con escasa fortuna. El famoso memorándum alcanzado por el Gobierno de Cospedal con las regiones del Levante fue un hachazo más contra nuestro río.
Hoy, cuando se someten a consulta las nuevas reglas del trasvase, Castilla-La Mancha tiene la obligación de esforzarse por levantar la dura hipoteca que pesa sobre el rio Tajo. Por eso, las Cortes de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional, numerosos ayuntamientos y colectivos han presentado alegaciones ante el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico. Parte fundamental en las citadas alegaciones son:
1. El progresivo incremento de los caudales ecológicos del río hasta 2027, en cumplimiento de las cinco sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, la Directiva Europea del Agua y el Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 2023.
2. El necesario cambio en las reglas de explotación, recalculando el desembalse de agua, sin restricciones de ningún tipo para el uso en la cuenca del Tajo.
3. Aumentar el nivel de reservas no trasvasables actualmente fijado en 400 hectómetros cúbicos, para crear una lámina estable en los embalses de cabecera, cubrir las necesidades propias de los municipios del entorno.
4. Proveer la necesidad del abastecimiento humano de la tubería manchega.
5. La preservación del equilibrio ecológico y del medio natural que exigen un río vivo, y no contaminado, que ha de tener en cuenta la incidencia del cambio climático, con mayores periodos de sequía y escasez de lluvia.
6. El cubrir las necesidades propias para los desarrollos agrícolas y ganaderos.
7. Satisfacer las demandas de desarrollo socioeconómico de la Región y cubrir las propias de las nuevas empresas.
8. Hacer posible nuevos desarrollos urbanos, eficaces y sostenibles.
9. Incidir en el necesario y progresivo aprovechamiento del agua desalada, que las regiones del Levante mediterráneo poseen y Castilla-La Mancha no.
10. Además, es imprescindible contemplar en las reglas de explotación la demanda de Talavera de la Reina y su comarca no consideradas en la regla actual, tanto para usos agrícolas y ganaderos como industriales.
Vemos en estos días a quienes reivindican, en nuestra Región, un Pacto Nacional del Agua, pero que no han reparado que el único pacto existente ha tenido como único eje vertebral el río Tajo. Vemos también cómo las comunidades del Levante, a las que se ha unido, extrañamente, la Comunidad de Madrid, alegan ante esta consulta pública que debamos explicar cuál es el uso que aquí hacemos del agua. Esta actitud nos parece un auténtico insulto a la inteligencia, a nuestro desarrollo presente y futuro y a la conservación de los caudales necesarios para mantener un río vivo.
Sabemos que cualquier modificación de las reglas del trasvase irrita en el Levante, pero allí no se han afanado en buscar métodos de sustitución al baratísima agua trasvasada.
Esta situación es insostenible, y molesta cuando desde el Levante se considera "guerra del agua" lo que no es otra cosa que la reivindicación de nuestros legítimos derechos. Y duele pensar que desde el otro lado del trasvase jamás se haya tenido comprensión a nuestro derecho al agua, y sí una constante demanda de más agua.
Cuando en el Alto Tajo vemos las aguas cristalinas y observamos los pantanos de cabecera, ahora en una situación razonable, con sus aguas trasparentes y limpias, cuando comprobamos que esas aguas se trasvasan y las aguas sucias, hediondas y contaminadas del Jarama infectan el cauce del río Tajo a su paso por Toledo y Talavera, nos lamentamos de nuestra mala fortuna, la de no tener un mar que desalar.
Por último, recordar que hace poco tiempo y para proteger de la alta contaminación que padece el Mar Menor se le dotó de personalidad jurídica, figura que no sería desdeñable para un río como el Tajo que lleva cuarenta y cinco años sufriendo los embates del trasvase y la alta concentración de contaminantes procedente de la subcuenca del río Jarama (Comunidad de Madrid).
Fernando Mora es diputado regional por Toledo y portavoz en materia de Agua del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha.