Tan acostumbrados estamos en Castilla-La Mancha a liderar todos los indicativos productivos y de servicios, además de cosechar aumentos por encima de la media nacional, si hacemos caso a nuestros gobernantes, tiraboleiros y asimilados, que acabamos de conocer, naturalmente por otros medios, unos datos igualmente sobresalientes aunque ciertamente preocupantes para esta tierra.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de publicar el repositorio de datos correspondiente al ejercicio 2018, en el que señala que durante el pasado año las juezas y jueces españoles concluyeron un total de 48 procedimientos por corrupción pública, que tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes, y políticos en el ejercicio de sus cargos. Unos procedimientos en los que se dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, y corrupción de funcionarios públicos, entre otros.
El repositorio del CGPJ sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad española con más delitos de corrupción concluidos con cinco procedimientos, tan sólo por detrás de la Comunidad Valenciana (12) y Andalucía (11). El total de personas acusadas en la región por estos procedimientos fue de ocho, de un total de 205 en toda España que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
Desde el inicio de la crisis en España, la corrupción ha estado entre las tres principales preocupaciones de los españoles, junto con el paro y la economía. Una podredumbre que también salpica a Castilla-La Mancha, y que indefectiblemente se asocia a la política. Una perversión que impide elevar el PIB de este país un 16 por ciento en el plazo de quince días o, lo que es lo mismo, añadir algo más de 10.000 millones de euros al año a la riqueza nacional, según un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Una lamentable situación de la que nuestra región no es ajena, y que no se soluciona con el interminable cruce de acusaciones políticas y reproches morales que acostumbramos oír de nuestros políticos. Una corrupción que supone una merma considerable de recursos públicos que este país no puede soportar por su influencia negativa en la productividad, empleo y salarios. Una factura innecesaria que pesa sobre la sociedad española, y retrasa un punto del PIB al año la recuperación potencial de la economía del país.