“En pie de guerra” más concretamente, sentencia el secretario general de Asaja, José María Fresneda. Una contienda que ya tiene fecha de celebración en la mayoría de las comunidades autónomas de este país -el próximo martes día 4 en Toledo será la de Castilla-La Mancha- comandada en la región por sus tres principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag, y UPA). Un pleito motivado por los bajos precios en origen, guerras comerciales, y subidas de costos de producción en un sector que está al límite de la rentabilidad y de las fuerzas de sus integrantes.

La agricultura y ganadería son dos sectores esenciales dentro de la economía de Castilla-La Mancha. Un compartimento económico extremadamente frágil golpeado por una involución de sus precios de mercado y con un rendimiento al borde de sus explotaciones. Una lamentable situación que se ha visto agravada por las dos últimas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un impacto que afecta especialmente a la agricultura, al ser el sector con un mayor porcentaje de asalariados con este tipo de sueldo, y que provocó el pasado año en España la salida de más de 33.000 trabajadores del Sistema Especial Agrario, según datos de la Seguridad Social. Un agravio que afecta principalmente a todas aquellas comunidades autónomas donde la agricultura y ganadería tienen un mayor peso especifico dentro de su economía, como es el caso de Castilla-La Mancha.

Presidentes de comunidades autónomas, líderes políticos y sindicales ya han manifestado su preocupación, y solicitan medidas urgentes al Gobierno por el impacto que la subida del SMI puede tener sobre el sector y del incremento del paro por este motivo en sus respectivos territorios. Un mazazo que también ha sentido Castilla-La Mancha donde la Encuesta de Población Activa recoge una pérdida de empleo durante el pasado año del 2,29%, hasta las 163.600 personas. No obstante, su Gobierno, en palabras de su portavoz regional Blanca Fernández, lejos de liderar una protesta y promover soluciones a un sector que es determinante para la economía de esta tierra, se limita encogida a reconocer la incidencia que el aumento del SMI pueda tener sobre la agricultura y ganadería de la región. Una crisis que supone para este país un elevado coste social para un sector tan deprimido como es el agropecuario. Una situación que se ha llegado consecuencia de una política económica erratica, que en absoluto se adecua a las necesidades reales del agro y de sus continuas como necesarias reivindicaciones.