Para fiarse de las inmobiliarias
En los últimos años, el mercado inmobiliario se ha llenado de plataformas a las que acudimos a la hora de vender, comprar, o alquiler un inmueble, o simplemente para orientarnos de su valoración actual. Pocas son las viviendas o locales comerciales a la venta o en alquiler que no pasan por el tamiz de estas tribunas para su comercialización. A siete de las principales compañías de información inmobiliaria que operan a nivel nacional, regional o local, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia acaba de abrirlas una investigación por prácticas ilegales en relación con la fijación, directa o indirecta, de las comisiones por la venta y el alquiler de inmuebles y otras condiciones comerciales de la intermediación inmobiliaria, así como el intercambio de información comercialmente sensible.
En concreto, las actuaciones se realizan contra CDC Franquiciadora Inmobiliaria SA; Look & Find primera red inmobiliaria SA; Aplicaciones Inmovilla SL; Idealista SA; Witei Solutions SL; Anaconda Services and Real Estate Technologies SL; y Servicio Múltiple de Exclusivas Inmobiliarias SL (MLS). Una coordinación entre todas ellas que se habría instrumentado, entre otros medios, a través del uso de software y de plataformas facilitada por empresas especializadas a través del diseño del programa informático de gestión inmobiliaria y de sus algoritmos. Una infracción que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras. No obstante, algunas compañías investigadas ya han desmentido las acusaciones de la CNMC, negando cualquier participación en las prácticas investigadas.
Desde la salida de la crisis, el precio de compra y alquiler de vivienda en España no ha dejado de subir, alentado precisamente por los precios que fijan los portales inmobiliarios que son investigados por la CNMC. Un procedimiento irregular que el regulador tendrá ahora que determinar si entre todos ellos existe pacto de precios o condiciones en los servicios ofrecidos a las empresas o particulares que incluyen sus anuncios de venta, compra o alquiler de inmuebles. Una tramitación que nos retrotrae en el tiempo a cuando estas operaciones se divulgaban en la sección de anuncios por palabras de los periódicos, y el gasto era tan sólo el coste del reclamo.