El drama de las residencias de ancianos

Más de veinte fallecidos en las residencias de la tercera edad de Tomelloso (Ciudad Real) y Albacete, además de otros tantos casos positivos de coronavirus, es hasta el momento el número de afectados por el virus en este tipo de centros de ancianos en Castilla-La Mancha. No parece que sean los últimos en esta brutal avalancha. Un sector que en toda España atiende a 380.000 personas cada día entre los aproximadamente 5.500 centros existentes, unos 400 en Castilla-La Mancha, y donde el abandono por parte de sus familias se ha convertido en una práctica demasiado frecuente. Pero esa es otra historia.

El ocurrido en el centro de Tomelloso es el episodio más trágico que se ha sabido hasta ahora en España, el último de una serie de sucesos dramáticos que se conocen desde que comenzó a intensificarse el brote del coronavirus en España. Una situación que ha provocado un duro cruce de acusaciones entre el centro afectado y el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de denuncias de abandono, desatención y falta de material sanitario por ambas partes. Reacciones enfrentadas que llegan demasiado tarde, y que en ningún caso supieron focalizar a tiempo el riesgo en unos centros donde residen las personas más vulnerables al virus, y que carecen de los recursos materiales suficientes para contener la epidemia. Mas no sólo los ancianos, igualmente las personas que los atienden se encuentran en situación de alto riesgo, un trance que no se salva precisamente con la demostrada profesionalidad y entusiasmo de todos ellos.

Unos centros, como denunció el director de Valdepeñas, desbordados y sin los medios necesarios para enfrentarse a la epidemia. Unas discrepancias, ya con el enemigo en casa, que no se solucionan con denuncias y amenazas entre los responsables políticos y empresariales de unos establecimientos donde el virus está causando los mayores estragos. Una desolación que afecta a unos seres que mueren en soledad al no poder ser visitados por sus familiares debido a la cuarentena. Un compromiso obligado para depurar responsabilidades ante una mala praxis que afecta a demasiadas personas, las más vulnerables.