La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) junto al resto de patronales del país critican cada día la actuación de un Gobierno central que se muestra incapaz de resolver la crisis del coronavirus en materia económica. Un caos político y regulatorio que no es inocuo para el tejido productivo, propiciado por una falta de diálogo previo con las empresas y agentes sociales, y sin un plan claro para mitigar los efectos de las medidas implantadas. La patronal de Castilla-La Mancha augura con estas medidas la “ruina” para miles de pymes y autónomos de la región por el cierre total de actividades, precisamente en unos momentos en los que están intentando mantenerse a flote y evitar el cierre en un contexto de recesión mundial que ya se contempla, según los empresarios. Igualmente, la patronal toledana Fedeto considera que las medidas implantadas por el Gobierno central son improvisadas, poco responsables y nada sensibles con las empresas, además de “inconstitucionales” por obligar a pagar a los autónomos sin poder trabajar. Unas cotizaciones que el Gobierno de Madrid ha prometido pagar a los más afectados de su Comunidad durante los meses de marzo y abril.

Caos, precipitación, desconcierto y muchas dudas son las que actualmente están sumidas miles de empresas y trabajadores en toda España. Una lamentable situación propiciada por la incapacidad de una Administración para hacer frente a los problemas de una emergencia sanitaria y de excepcionalidad económica plagada de bandazos, rectificaciones y enmiendas improvisadas a normas ya en vigor. Un Gobierno central que se está dejando buena parte de su credibilidad y apoyos en una crisis económica que le supera debido a la falta de dialogo y de explicaciones adecuadas con las comunidades autónomas, partidos políticos, y agentes sociales que nunca debieron ser dejados al margen de cualquier decisión precisamente en materias que les compiten.

Un caos de un Gobierno que decide y actúa en absoluto soledad y que agrava una incertidumbre que afecta a familias, autónomos y empresas con un impacto económico negativo muy elevado que vamos conociendo. Un costo que, aparte del sanitario, acaba de cobrarse en materia laboral el peor mes de la historia de nuestro país como consecuencia económica de la crisis del coronavirus: el paro ha subido en marzo en 302.365 personas en España, 12.271 en Castilla-La Mancha, y los trabajadores afectados por ERTEs en todo el país ya se aproximan a los tres millones. Una magnitud que sobrepasa cada jornada los cálculos más pesimistas.