El negocio geriátrico es un próspero nicho de inversión en España que en el ejercicio 2019 facturó 4.500 millones de euros, y que el sector prevé crezca a un ritmo de hasta el 4 por ciento interanual y alcance este año los 4.850 millones. Un pastel que se reparten mayoritariamente cinco grupos empresariales participados por multinacionales y fondos buitre encabezados por la francesa DomusVi, como líder indiscutible, seguido por Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol, la mayoría con presencia en nuestra región.
Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con unos 400 establecimientos de este tipo que se nutren en gran parte de dinero público. Una actividad muy rentable que ha convertido sólo a la provincia de Toledo en la quinta de España por número de plazas, cerca de 10.000 y más de 150 centros, y ser por su proximidad un destino muy atractivo y más económico para los ancianos madrileños, según el portal Inforesidencias. Mas la crisis sanitaria del coronavirus ha desatado las costuras de un sistema que ha golpeado con fuerza y agresividad las residencias de personas mayores en toda España, uno de los grupos de riesgo más afectados.
Según datos del Ministerio de Sanidad, en torno al 60 por ciento de los fallecidos por Covid-19 en España son mayores de 80 años, una situación que se ha ido agravando conforme avanza el virus. Ante esta dramática situación patronales como Artecam en Castilla-La Mancha no han dejado de reclamar más medios para sus centros en la región. En efecto, pero los empresarios parecen obviar que el sector de atención a las personas mayores representa un provechoso negocio como lo demuestran las cifras anuales de facturación y beneficios de las cinco grandes empresas que explotan la mayoría de residencias en España.
Unas demandas que no han podido ocultar las deficiencias de un compartimento económico en el que algunas de sus residencias ofrecen “condiciones poco aceptables”, según confirmó la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, tras anunciar el cierre definitivo, días después de su intervención, de la Residencial Cervantes, en Villamayor de Santiago (Cuenca). Un cierre que la propia residencia anuncia como “temporal”, hasta la incorporación de los trabajadores precisos para atender a los usuarios del centro que han tenido que ser trasladados a otras residencias. Además, otro centro de mayores (Elder, en Tomelloso) ha sido intervenido por la Administración regional por la “nefasta dirección que provocó consecuencias muy duras”, y contra el que el Ejecutivo ha entablado acciones legales tras las críticas de “desatención” por parte de la Administración vertidas por uno de sus directivos. No son las únicas, la Fiscalía del Estado investiga también a otras 5 residencias en Castilla-La Mancha por supuestos delitos penales a causa del fallecimiento de ancianos entre un total de 38 en toda España. Decesos que para El Defensor del Paciente también han sido debidos a “la conducta omisiva del Gobierno y Comunidades Autónomas”.
Deficiencias de personal, sueldos bajos, atención, y falta de medios en estos establecimientos que el virus ha puesto de manifiesto, y que afecta a un colectivo de personas tan vulnerable como son nuestros mayores. Hace bien el Gobierno de Castilla-La Mancha –la segunda región en España tras Madrid por número de fallecidos por Covid-19 por cada 100.000 habitantes- en intentar poner fin a tamaño desasosiego familiar, desorden, e incapacidad de estos centros anunciando una auditoria a todas las residencias de la región.
Unas instalaciones nada económicas, dependientes en su mayoría de conciertos públicos, que la pandemia del virus les ha cogido con el paso cambiado. Geriátricos donde sólo en Castilla-La Mancha más de un tercio de todas las defunciones provocadas por el Covid-19 - además de los fallecidos sin tener la prueba realizada- se han producido en estos establecimientos donde parece que el residente es sólo un valor con el que especular.