Con general satisfacción en los mercados se ha recibido el anuncio de integración que están analizando los consejos de administración de CaixaBank y Bankia a instancias de sus principales accionistas. Un acuerdo que ahora se remite para su informe al Banco Central Europeo, y que tras sus conclusiones será el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el que tenga la última palabra sobre la operación.
No ha tardado Unidas Podemos, a través del número dos de la vicepresidencia que ocupa Pablo Iglesias, en cuestionar la posible fusión por considerarla “una noticia preocupante para la economía española”, y no convertir a Bankia en un banco público, como es el deseo de la formación. Un lamento al que se ha unido la OCU que considera el anuncio de fusión como una “mala noticia” para la competencia entre entidades financieras. Quejas en definitiva que quedarán en una pataleta ocasional sobre un proceso que no tiene marcha atrás, y que se ejecuta en línea con lo que el BCE lleva tanto tiempo pidiendo a España. Un procedimiento que sería deseable también fuera imitado por otras entidades en nuestro país.
La posible fusión entre CaixaBank y Bankia se considera una operación positiva para ambos bancos y con un claro sentido estratégico, que les permitirá reforzar la eficiencia y rentabilidad de su negocio, el principal problema en estos momentos del sector bancario español. Una vez ejecutado daría como resultado el primer banco en España por cuota de mercado con unos activos entre las dos entidades de 627.211 millones de euros, veintiún millones de clientes, más de 6.700 oficinas y unos 43.000 trabajadores que necesitarían reducirse sustancialmente para que la fusión tenga sentido. Una plantilla y red de sucursales que los analistas estiman necesario un ajuste de cerca de seis mil empleados de ambos bancos y el cierre de 1.500 oficinas.
Un procedimiento que afectará de lleno a Castilla-La Mancha donde Bankia y CaixaBank -entidad con gran presencia en Guadalajara al absorber en su día la red comercial de la caja de ahorro alcarreña-, cuentan con más de 200 sucursales. Oficinas entre las que existe una concurrencia de entorno al 27 por ciento en los mismos distritos postales, por lo que se prevé una profunda reconversión de personas y cierre de oficinas. Un desarrollo siempre lamentable y tan habitual en el sector bancario español, al que los sindicatos ya han trasmitido sus inquietudes y exigencias de garantías para la plantilla una vez que se produzca la fusión entre ambas entidades.
Reivindicaciones que los responsables del nuevo banco tienen intención de pactar de la forma habitual, es decir, a través de la salida de empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas. Más ajustes en una plantilla que viene sufriendo sucesivos acoples dese hace tiempo- en CaixaBank salieron el pasado año 2.000 trabajadores por este sistema- y donde el número de operarios mayores de 52 años es cada vez menor.