Quién iba a sospechar que tras su constitución en 1964 Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara (CAPG) tendría una trayectoria tan convulsa durante estos cincuenta y seis años, hasta quedar integrada, una vez acordada la fusión por los respectivos consejos de administración de Bankia y CaixaBank, en el mayor grupo bancario español. Echemos la vista atrás. Fundada por iniciativa del presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Antonio Gil Peiro, CAPG se constituyó principalmente para ofrecer servicio y financiación al sector agropecuario provincial. Un compartimento económico que permitió a la caja expandirse rápidamente por toda la provincia, un territorio en aquella época mayoritariamente agrícola y ganadero. Guadalajara contaba así por iniciativa de su Corporación provincial con una caja de ahorro, de la misma forma que Cuenca, Toledo y Albacete, igualmente tutelada por los gobiernos de sus respectivas diputaciones. Ciudad Real ha sido la única provincia de Castilla-La Mancha sin entidad propia de este tipo.

No fue hasta 1980 cuando CAPG tuvo el primer ofrecimiento de fusión, junto a las otras tres cajas de ahorro de la región, a propuesta de Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid. Una oferta desechada, salvo la caja de Cuenca que se mostró dispuesta en su momento a aceptar la oferta de la entidad madrileña. De nuevo, CAPG rechazó en 1993 una nueva fusión, en este caso junto al resto de cajas de ahorro de la región, frustrada por motivos políticos al estar las otras tres entidades controladas por gobiernos socialistas, dando lugar a la extinta CCM.

La andadura en solitario de CAPG no estuvo exenta de irregularidades administrativas y de gestión. En 1987 tuvo su primera colisión con el Banco de España. El regulador abrió un expediente a todos los miembros de su consejo de administración y al director cesado por haberse detectado actuaciones anómalas en perjuicio de la caja. De nuevo, en 2002, el Banco de España confirmó nuevas anormalidades en Caja Guadalajara. En este caso por “ausencia de control de inversiones” con tres importantes grupos industriales de la región que operaban bajo un entramado societario inmobiliario. Pero no fue hasta 2010 cuando a Caja Guadalajara la cuestionaron su viabilidad económica y financiera para continuar su actividad en solitario, tras cerrar con perdidas el ejercicio anterior. Una situación que la obligó a aceptar la propuesta de Cajasol para fusionarse, aunque manteniendo su marca en Castilla-La Mancha, constituirse en Banca Cívica y ser adquirida en 2012 por CaixaBank.

Tras varias semanas de negociaciones, los consejos de administración de CaixaBank y Bankia acaban de aprobar su fusión, una operación que dará lugar al mayor banco del país y el décimo europeo por activos. En Castilla-La Mancha, ambas entidades cuentan con unas 250 sucursales, y es en Guadalajara donde CaixaBank tiene un mayor número, una red en la provincia procedente de las antiguas oficinas de Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. Sucursales cuyo futuro ahora, una vez materializada la fusión, se verán abocadas a una gradual cura de adelgazamiento con el consiguiente ajuste de empleados. Unas condiciones que podrían resultar menos atractivas para las plantillas de ambos bancos que en procedimientos anteriores. Los planes del Gobierno pasan ahora por desincentivar y penalizar las prejubilaciones, como ha anunciado recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Un ajuste de incierto resultado para los trabajadores incluso a pesar de los desvelos que por la preservación del empleo anuncian que velarán tanto Gobierno como sindicatos. Una contradicción si el objetivo que se pretende con la operación es el de la mejora de rentabilidad, sinergias, y una mayor viabilidad para el nuevo banco.