Castilla-La Mancha sigue azotada por un paro endémico, siempre por encima de la media nacional, y con los peores datos del país junto a las comunidades de Extremadura y Andalucía. Una sangría permanente en la desocupación de esta tierra, agravada en estos momentos por la terrible situación por la que atraviesan nuestras empresas, pymes y autónomos consecuencia de la crisis sanitaria.

Un tejido empresarial que en Castilla-La Mancha, según la EPA, concluyó 2020 con 173.000 desempleados, una tasa del 17,39%. Una cifra acicalada por los empleos suspendidos que figuran como ocupados y que han contribuido a que no se dispare el paro aún más en la región. Eso sí, “tres veces menos” que la media nacional, y con un comportamiento mejor que "en el conjunto del país" según dictamen de la consejera de Empleo,Patricia Franco, que más que poner remedio a esta lacra se empeña cada mes en proclamar elocuentes titulares.

Resulta evidente que 2020 ha sido un año pésimo, y los datos más recientes sobre nuestra economía no animan al optimismo en el año que ahora comienza. Castilla-La Mancha se enfrenta a un periodo complicado, incierto, y de grave sufrimiento sanitario, económico y laboral. Además de vacunas y fondos europeos, hacen falta también políticas y dispositivos que sirvan para alcanzar la ansiada recuperación, y evitar así que el tejido empresarial de esta tierra se deteriore aún más en los próximos meses.

Un plan que no se percibe todavía y que precisa del consenso político, empresarial, y social imprescindible para poder despejar el negro horizonte que vislumbramos para nuestra economía regional. Unas perspectivas de grave sufrimiento económico que igualmente confirman todos los indicadores. Mecanismos bien distintos al amasijo de ayudas, subvenciones, inversiones, y propaganda que nos dicta con tanta frecuencia el Gobierno de Castilla-La Mancha con los resultados de sobra conocidos.