Tan sólo tres meses de negociaciones fueron precisos para que el pasado mes de diciembre el pleno de las Cortes autonómicas aprobase una propuesta de ley contra la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha. Tan solo el PP, que en principio también parecía apoyarla, se abstuvo al no haberse admitido alguna de sus enmiendas. El ejecutivo de Emiliano García-Page se convertía así en el abanderado de un debate a nivel nacional que tanto preocupa a la sociedad y a los castellano-manchegos.
Al ser una propuesta de ley dirigida al Gobierno de la nación, el texto debe pasar por el Congreso de los Diputados para su tramitación definitiva al incluir competencias estatales. Nueve meses más tarde, la propuesta de las Cortes autonómicas al Gobierno de Pedro Sánchez parece haber quedado en el olvidado, y esta semana han vuelto a recordárselo desde Castilla-La Mancha. Tanto su presidente como la portavoz, Blanca Fernández, hastiados por la demora, han dado un ultimátum a la Administración del Estado para actuar con urgencia contra la invasión ilegal de viviendas que “sufren muchos municipios de la región” con especial gravedad en alguno de ellos.
No resulta asunto baladí la okupación ilegal de viviendas en España. En Castilla-La Mancha, incluso, han llegado hasta el enfrentamiento personal entre vecinos y okupas con situaciones de violencia extrema. Un problema mucho más grave de lo que parece y que irá en aumento, salvo que se tomen medidas drásticas. Una tendencia creciente que precisa tanto de mecanismos legales para el desalojo exprés de los okupas, como de normativas que obliguen a las administraciones a hacerse cargo de forma efectiva de los que no pueden acceder a una vivienda.
Una situación que requiere de soluciones políticas, urgentes, valientes y rotundas que la Administración de Pedro Sánchez parece no estar dispuesto ejecutar. Un cumplimiento que, como anticipa la portavoz Fernández, no estará exento de dificultades “dada la postura de Podemos contra este tipo de alternativas”. Pero el Gobierno central debe sacudirse tamaña influencia de su socio y no quedarse con los brazos cruzados ante tan prolongada como evidente ilegalidad que normalmente queda impune. Una disposición que lamentablemente tan bien conocen muchos ciudadanos de esta tierra, consecuencia precisamente de la incapacidad de los encargados para resolverla.