La okupación se ha convertido en tema recurrente a la hora de referirnos a Castilla-La Mancha, incluso mucho más que en otros territorios del Estado. No en vano lasocupaciones ilegales de viviendas en España durante el pasado año crecieron un 18 por ciento, al contabilizarse más de 13.000 casos hasta el mes de septiembre, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Una situación que está provocando una alarma social sin precedentes, aunque en este caso parece lógico diferenciar entre la posición de una familia vulnerable y la de unos mafiosos que se atrincheran en un piso y exigen a su propietario una cantidad de dinero a cambio de marcharse, o le dan el pase por un módico precio a otros jetas para que lo okupen.

En Castilla-La Mancha tenemos casos recientes que han forzado al alcalde de Escalona y presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, a solicitar cambios legislativos urgentes para poder echar a los okupas de su pueblo. Una “okupación ocasional”, en este caso, de casas vacías en urbanizaciones plenas de viviendas de segunda residencia. También en la ciudad de Toledo, donde los “pisos negros” del barrio de Santa María de Benquerencia, propiedad de la empresa pública Geacam, son pasto de okupaciones, destrozos, e incluso trapicheo de estupefacientes. Una lamentable situación que está provocando continuos arrebatos y conflictos entre sus vecinos, incluso a pesar de contar con 20 sentencias condenatorias.

Procedimientos que se demoran eternamente por el conocimiento que tienen los okupas de las triquiñuelas legales para continuar en la vivienda o poder “subalquilarla”. Otras localidades del Corredor del Henares, en Guadalajara, las comarcas de La Sagra y la Mesa de Ocaña, en Toledo, o más recientemente en Puertollano (Ciudad Real) sufren igualmente tamaño perjuicio en Castilla-La Mancha. Una lacra que el Gobierno regional intenta solventar con la ley contra la ocupación ilegal de viviendas aprobada en 2020, pero cuya tramitación nacional continua en suspenso ante la inanición de las Administraciones del Estado. 

La okupación en Castilla-La Mancha, como en el resto de los territorios, no es asunto baladí. Un problema social más grave de lo que parece que, salvo que remita el amparo a la ocupación ilegal de viviendas que parece haber blindado el Gobierno del PSOE y Podemos, irá en aumento. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada como señala nuestra Carta Magna no faculta para okupar la casa de otro. Tampoco en el caso de que esta sea propiedad de un banco o tenga veinte pisos cerrados. Una situación que está provocando una inseguridad jurídica evidente que no sólo afecta a la inversión y al parque de viviendas de alquiler, también compromete a la propiedad privada y socava el respeto a la ley y a la convivencia ciudadana.