No faltan cada día en Castilla-La Mancha anuncios sobre las diferentes actuaciones del Gobierno regional en materia sanitaria. Tampoco de los déficits del sistema que los profesionales del sector vienen demandando permanentemente ante la carencia crónica de medios humanos y técnicos en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, denunciados igualmente por ciudadanos, sindicatos y otros colectivos. Un conflicto que convierte a los usuarios en rehenes de una colisión que afecta a un servicio público esencial, incrementado en los últimos meses por el colapso ocasionado por la covid-19.
Una pandemia donde han quedado para la posteridad episodios vergonzosos como los miles de mayores fallecidos sin haber recibido asistencia médica en nuestras residencias, o la lucha de los profesionales sanitarios apenas protegidos con bolsas de basura. Una crisis que ha supuesto para el sistema sanitario una prueba de esfuerzo que Castilla-La Mancha no ha superado satisfactoriamente ante las precarias condiciones de trabajo de sus técnicos en muchos niveles, con bajas retribuciones, una elevada temporalidad y falta de incentivos.
Una imagen de una sanidad pública desbordada, con la atención primaria al borde del colapso y la hospitalaria ocupada durante meses solo de la atención al coronavirus, que ha obligado a su pesar a muchos ciudadanos a tener que recurrir a la Sanidad privada, con Castilla-La Mancha como paradigma de este servicio. Según el informe realizado por ICEA, “El seguro de Salud a diciembre de 2021”, desde finales de 2019 el número de asegurados creció en España un 8 por ciento, un aumento que sería mayor si se contabiliza el aseguramiento privado en solitario. Un incremento de pólizas que fue constante en todo el país, si bien en cinco provincias fue especialmente significativo, dos de ellas de Castilla-La Mancha según este estudio. A la cabeza Guadalajara, liderando este ranking nacional con un 11 por ciento de crecimiento en el número de asegurados privados en los dos últimos años, seguida por Toledo y Soria con más del 10 por ciento, y Alicante y Valencia con el 9 por ciento.
El principal agente de contratación en estas provincias no son precisamente los comerciales de las aseguradoras. Su mejor publicidad es la saturación y las listas de espera actuales de la Sanidad pública que empujan al ciudadano a darse de alta en las privadas, aunque luego si hay un problema grave de salud, siguen yendo a la pública. Una degradación del sistema público de salud consentida por el Gobierno del PP, que aún no ha conseguido reformar durante todo este tiempo el Gobierno de Castilla-La Mancha ante la decepción de tantos castellanos manchegos. Ciudadanos que, cada vez más, se ven obligados a recurrir a una doble cobertura, pública y privada, si quieren disponer de una adecuada atención sanitaria, como así nos demuestran las estadísticas.