Resulta indiscutible la prudencia y reserva habitual con la que el magistrado Vicente Rouco ejerce el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, inherente por otro lado a la dignidad que desempeña. Mas en días señalados el toledano no deja pasar la ocasión para denunciar la lamentable situación por la que atraviesa la Justicia en la región. En esta ocasión con motivo del inicio del año judicial 2023/2024 del Alto Tribunal que preside celebrado en Albacete. Rouco critica en la  Memoria Judicial del pasado año la “insuficiente plantilla de jueces que hay en Castilla-La Mancha”, la región española con menos jueces por cada 100.000 habitantes y a gran distancia también de la media europea.

Un déficit consecuencia del aumento de la litigiosidad en la Comunidad debido al mayor número de asuntos civiles, mercantiles y administrativos que ingresan cada día en los juzgados y tribunales de Castilla-La Mancha, muy superior a los que se resuelven. También a la falta de 40 plazas de jueces y magistrados y a la carencia de 24 juzgados en la región, como denuncia Rouco, lo que ocasiona procedimientos judiciales cada vez más largos con importantes efectos prácticos sobre la población.

Una situación, aunque generalizada en el país, que sitúa a Castilla-La Mancha en el  peor de los escenarios, con jueces cargados de trabajo, medios congelados, y una conflictividad laboral que ha provocado el “desaliento y el hartazgo” entre los servidores públicos.  Una realidad palpable en la Justicia española consecuencia de la confrontación y falta de concertación política con un CGPJ caducado e impedido para realizar nombramientos de altos cargos judiciales, alineado con los partidos políticos, y contaminando la imagen de independencia  judicial.

El funcionamiento de la justicia en España es burocráticamente calamitoso, lo que hace que también se resienta la calidad intrínseca del trabajo de jueces y fiscales en demasiadas ocasiones. Los datos del CGPJ muestran que hay más de 750 juzgados en España en los que la sobrecarga de trabajo supera el 150% respecto a los módulos establecidos por el propio CGPJ y el Ministerio de Justicia. Incluso, en algunos casos, la sobrecarga llega al 240 o 260%. Un escenario que Rouco pretende revertir para esta tierra desde su continuidad en el cargo de presidente del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha. Una ardua tarea ajena a su gestión precisamente en unos momentos donde una buena parte de la carrera judicial en este país se encuentra saturada, y con una carga de trabajo disparada a niveles insoportables.