El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez, asegura en una reciente entrevista en el diario La Tribuna que "hay una inquietud por entrar a trabajar en el sector", ya que existen expectativas para funcionar y vivir de él. Para confirmar el aserto, el consejero asegura que durante los últimos ocho años en Castilla-La Mancha casi 4.000 jóvenes se han incorporado al campo, más otros 2.000 que esperan hacerlo durante esta legislatura. Sin embargo, el optimismo que desprende Martínez hacia el sector con la incorporación de estos jóvenes empresarios colisiona con la situación de los trabajadores por cuenta ajena al servicio de las pequeñas y grandes explotaciones en Castilla-La Mancha. Un colectivo donde el 43 % de los afiliados son extranjeros, muy por encima de la media nacional, con convenios colectivos que no respetan el SMI, según los sindicatos, y sí las normativas vigentes, conforme la patronal Asaja CLM.
Los agricultores españoles han protagonizado recientemente numerosas manifestaciones por la "excesiva burocracia", normas fitosanitarias "rígidas", barreras comerciales, aumentos de costes de producción… del sector, mas pocas pancartas poniendo el foco en la precariedad de los trabajadores por cuenta ajena. Un colectivo invisible que nadie ve, incluido sus patronos que recurren a los inmigrantes "para que resuelvan los problemas" del campo, sin atender la falta de protección en general", como denuncian los sindicatos. Una invisibilidad que también es especialmente sangrante por parte de las Administraciones, pues parece que los empleadores agrarios se han convertido en sus únicos interlocutores cuando se trata del "campo".
Un grupo en Castilla-La Mancha, como igualmente en el resto del país, donde impera la precariedad laboral, con salarios que figuran entre los más bajos de la economía, una temporalidad que registra datos muy elevados, uno de los sectores que más recurre a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), jornadas laborales más prolongadas, y con uno de los peores ratios de siniestralidad laboral. Una inestabilidad que en los últimos tres años ha propiciado que se hayan perdido en España 17.906 sociedades agrarias y 132.219 empleos (tanto de trabajadores por cuenta ajena como autónomos), según datos del Ministerio de Trabajo y Economía social.
Un colectivo, el de los trabajadores asalariados, que siguen abandonando cada vez más un sector muy lejos todavía de las "expectativas para funcionar y vivir de él", como asegura el consejero de Agricultura de esta tierra, y cuya "inquietud" no es precisamente para "entrar a trabajar en el sector", sino para mejorar la situación laboral de los que ya están dentro.