El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, anunciaba el pasado año un nuevo concurso en 2024 para la adjudicación por unos 500 millones de euros del transporte sanitario terrestre en la región, actualmente prorrogado. La empresa que viene prestando este servicio en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara es Digamar Servicios, un operador con sede en Sevilla y controlado por Asterion Industrial, el principal fondo de capital privado en España enfocado en inversiones en infraestructuras de nivel medio; en Toledo, Ambulancias Finisterre, propiedad de la familia San Román Gómez Menor; y la UTE Ambulancias Cuenca, una unión temporal de empresas constituida por Nuevas Ambulancias Soria y Consorci del Transport Sanitari Regio Girona, en la provincia conquense.
Las últimas prórrogas del contrato de transporte sanitario terrestre de Castilla-La Mancha realizadas por la vía de urgencia, tienen fecha de caducidad el próximo 31 de julio, y otras empresas del sector ya han mostrado interés en participar en el futuro concurso anunciado por el consejero autonómico. Son HTG, Serveo y SSG, las tres grandes corporaciones nacionales controladas por fondos de inversión; y Sanir, la empresa de ambulancias participada por Alsa y Trasinsa, entre otras, forman parte de la lista de candidatos a hacerse con este negocio. Un concurso millonario similar al que acaban de convocar la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya.
El sector de las ambulancias en España, a pesar de los procesos de consolidación en marcha, sigue muy atomizado -234 empresas a principios de año, aunque un 25 % menos que hace dos años-, en manos de firmas locales, y con márgenes bajos que, en ocasiones, generan tensiones entre las empresas adjudicatarias y las administraciones contratantes.
Una conflictividad se ha visto reflejada recientemente en los servicios de ambulancias de País Vasco y Cantabria, con amenazas de huelga. También en Castilla-La Mancha, donde varias decenas de trabajadores del servicio de transporte sanitario, convocados por la Federación de Servicios de USO en Castilla-La Mancha y la Unión profesional del transporte y emergencias sanitarias (Uptes), se han concentrado ahora para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que se implique en la negociación de un nuevo convenio que ataje la pérdida de poder adquisitivo y las jornadas excesivas que tienen los trabajadores.
Unas reivindicaciones habituales del sector que la Administración autonómica deberá tener en cuenta a la hora de redactar el nuevo pliego de condiciones que regirá el futuro concurso de transporte sanitario regional. De su ecuanimidad dependerá la calidad de un servicio esencial para los ciudadanos de esta tierra y del sistema sanitario de Castilla-La Mancha.