“Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda en relación con su PIB desde que gobierna el presidente Emiliano García-Page”, titulaba la nota de prensa que el pasado 14 de junio la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital remitía para su publicación a los medios de comunicación. Sin más datos sobre la gesta, tras su lectura los castellano-manchegos seguían sin conocer el importe de la deuda resultante tras el magnífico suceso.

No anda precisamente Castilla-La Mancha para alharacas en temas de deuda pública, con unos niveles de endeudamiento entre los más elevados de las comunidades autónomas y muy lejos de la referencia legal del 13% establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) conocido recientemente, al término del primer trimestre del año era del 31,5% del PIB: 16.163 millones y una deuda per cápita de 7.692 euros.

No en vano, Castilla-La Mancha es una de las Comunidades Autónomas, junto a la Comunitat Valenciana (42,4%), Murcia (31,4%) y Cataluña (31,1%) cuyos niveles de endeudamiento en relación con su PIB se sitúan entre los más elevados del país, con deudas que representan más del 30% de sus economías. Indicadores que las posicionan a gran distancia de Canarias y Navarra (12,1%, cada una), las que menor carga sufren, y también de la media nacional 22,2%.  Una ratio, en el caso de nuestra región, que ha aumentado 34 puntos desde el año 2007 (4,8%), hasta situarse en 2020 en su valor máximo  (39%) coincidiendo con el repunte de la pandemia.

No pongo en duda que “el Ejecutivo castellano-manchego está haciendo compatible mantener unas finanzas públicas saneadas, con el compromiso del presidente Emiliano García-Page de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma”, como anunciaba la consejería al término del anuncio del pasado mes de junio.

Una letanía textual que he visto repetida como conclusión de las informaciones que en ocasiones remite la Administración a los medios de comunicación. Mas en este caso convendría concretar algo más la realidad, financiera en este caso, por la que atraviesa Castilla-La Mancha, y no dejarse seducir por inconexas informaciones que no hacen más que confundir al ciudadano a cambio de elogios que no se merecen.