En Castilla-La Mancha, 479 pueblos de la región no disponen de oficina bancaria alguna donde su población pueda hacer sus operaciones financieras. La nuestra es la tercera comunidad en este país más desatendida en cuanto a oficinas bancarias físicas, según un estudio reciente del Banco de España. La reconversión del sector financiero, con continuas fusiones y absorciones, ha hecho desaparecer gran número de oficinas bancarias en España. Una exclusión financiera que afecta principalmente a las zonas rurales y en los pueblos más pequeños, con una población envejecida y alejada del mundo digital.

Un gesto tan sencillo como sacar dinero del banco, pagar impuestos, tasas o recibos sin coste alguno resulta ya imposible para decenas de miles de castellano-manchegos. Un cinco por ciento de la población no tiene ni cajeros ni sucursales donde poder hacerlo. Únicamente, en el mejor de los casos, en unos pocos pueblos se espera la llegada esporádica de una oficina móvil, como hace Bankia en trece pueblos de Ciudad Real.

Ante esta situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, anuncia las negociaciones con las entidades financierascon más presencia en la región -sin señalar a nadie- para que presten los servicios financieros imprescindibles para atender a esta población olvidada a través de un cajero automático. La instalación se efectuaría en aquellos municipios donde hasta hace poco había abierta una sucursal bancaria.

Por fin, la Administración regional se muestra sensible a este núcleo de población más desatendida, que tiene imposible el acceso a los servicios financieros más elementales. Una medida que ya ha sido tomada por otras Administraciones. La Generalitat está facilitando cajeros automáticos a 95 poblaciones valencianas que no disponen de sucursal bancaria para “intentar superar el aislamiento que sufren muchas personas cuando no tienen capacidad de tener servicios financieros básicos”. También la Diputación de Badajoz ha dispuesto una partida presupuestaria para llevar a cabo un “plan de choque” frente a la exclusión financiera en los pueblos de la provincia. Una actuación institucional llevada a cabo después de que los municipios más pequeños de esta provincia se hayan visto en los últimos años afectados por la pérdida de este tipo de servicios como consecuencia de los cierres de sucursales.

Veremos ahora la respuesta al Gobierno de Castilla-La Mancha de las entidades “con más presencia en la región”, más pendientes de cerrar oficinas y despedir empleados que de atender a un segmento de la población que, con un desprecio absoluto, les han dejado sin alternativa al acceso de las prestaciones bancarias más esenciales.