Aguas de Alcázar ha dejado de ser una empresa mixta de gestión público-privada para quedarse solo como pública, es decir que el ayuntamiento alcazareño vuelve a hacerse cargo al cien por cien de este servicio esencial para la ciudad. Visto fríamente y con los datos en la mano es todo un despropósito, pero las circunstancias políticas, la resolución de los tribunales y la actuación de algunos grupos de presión han llevado al fin irreversible de devolver la empresa a sus orígenes como entidad de gestión estrictamente pública.
La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, celebró el viernes que la empresa de suministro de agua haya vuelto, tras siete años, “a sus legítimos dueños, el pueblo”. La realidad es que nunca ha dejado de ser del pueblo porque el servicio del agua es siempre de titularidad pública, aunque la mayor parte de medianos y grandes ayuntamientos de toda España tienen cedida la gestión a empresas privadas. La experiencia demuestra que es más eficaz y mucho más barata.
En el caso de Alcázar, los tribunales no han dictado contra el fondo del asunto, que es la disputa entre lo público y lo privado, sino contra un fallo de procedimiento del pleno municipal que ha invalidado todo el proceso de creación y funcionamiento durante siete años de la gestión mixta del servicio del agua. Tal como bien explicó el viernes en la misma rueda de prensa el director de la delegación de Aqualia en Castilla-La Mancha, Matías Loarces, Aguas de Alcázar es en estos momentos una empresa eficiente. Nada más llegar, Aqualia invirtió más de nueve millones de euros, lo que permitió afrontar pagos pendientes, equilibrar y reflotar las cuentas del Ayuntamiento (Aguas de Alcázar tenía un agujero de nueve millones de euros), y emprender mejoras en el servicio prestado al contar la nueva empresa mixta con un socio tecnológico capacitado para desarrollar los proyectos que requería el municipio.
Desde el punto de vista técnico, en estos años se han ejecutado las inversiones comprometidas, o se han implementado equipos de alta tecnología para el control de la red, lo que ha permitido situar a Aguas de Alcázar, con un rendimiento superior al 85%, como una de las más eficientes de España. Los datos son tozudos y en ese sentido Loarces destacó especialmente el trabajo desarrollado por el equipo de Aguas de Alcázar, que durante este tiempo “se ha dedicado con máxima profesionalidad y entrega a la prestación de un servicio público esencial a plena satisfacción de los alcazareños, como así mostraron los resultados de la encuesta de satisfacción de servicio realizada por una empresa especializada e independiente en el año 2018 (+80% se mostraba satisfecho con el servicio de Aguas de Alcázar)”.
De todo ello es consciente el equipo de gobierno que lidera Rosa Melchor, pero, como decimos, las circunstancias hacían irreversible el proceso de disolución de la empresa mixta, pese a los contratiempos y el importante coste presupuestario que ello supone para las arcas municipales. La experiencia y los nuevos tiempos impedirán que Aguas de Alcázar vuelva a los antiguos hábitos que como empresa pública la llevaron a la ruina total y a comprometer muy seriamente la situación financiera del ayuntamiento, aunque para ello tendrán que poner al frente a alguien muy profesional y solvente y no dejar de vigilar su funcionamiento ni el servicio que preste en el día a día a los ciudadanos.
Ahora solo cabe congratularse de que el proceso de disolución de la sociedad mixta se haya hecho de mutuo acuerdo, lo que ha permitido que ambas partes renuncien a los procedimientos judiciales cruzados que estaban en curso. En ese sentido hay que poner en valor la actuación de la alcaldesa y de Aqualia y su capacidad para ponerse de acuerdo en un proceso tan complejo y con tantas aristas técnicas, económicas, sociales y políticas.