Según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), el nuevo Valor de Referencia del Catastro está sobrevalorando en un 17,1% de media el valor real de mercado de las viviendas, pero hay regiones en las que la subida sobrepasa el 20%, con ocurre en Canarias y Galicia. En el caso de Castilla-La Mancha esta sobrevaloración es del 15,2%. La principal consecuencia es que compradores y herederos pagan más impuestos. El nuevo valor de referencia entró en vigor el pasado enero. Este valor, calculado por el Catastro, se utiliza como base imponible para pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), cuando se compra una vivienda de segunda mano, o para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD), cuando se hereda.

Tal y como se desprende de la información recopilada por la FAI, un 76,11% de las agencias inmobiliarias encuestadas han intervenido en compraventas cuyo valor de referencia de mercado del catastro ha sido superior al valor de transmisión real en escrituras y que el incremento se ha dado en un 19,05% de éstas. Desde la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias, remarcan que este nuevo sistema supone una injusta y nueva “carga fiscal” para los compradores y un desembolso económico más para el comprador, lo que desincentivará o puede llegar a frenar una parte de las compraventas, sobre todo entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual y en un contexto económico actual complejo marcado por una inflación en máximo históricos.

Del mismo modo, FAI insiste en que el acuñado ya como ‘catastrazo’, impuesto vigente desde el 1 de enero, no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no considera el estado de reforma o la distribución interior de las viviendas, entre otros factores. Además, desde FAI señalan que el hecho que Hacienda haya traspasado al contribuyente la carga de la prueba para demostrar el valor del bien adquirido, cuando no está de acuerdo, podría interpretarse como poner en duda la veracidad de la fe pública notarial en las compraventas de mercado, que son la mayoría, y, en consecuencia, podría ser considerado como una práctica confiscatoria y anticonstitucional, como ya han alertado algunos expertos.

En este contexto, la federación pide que se revise el nuevo sistema de cálculo del valor catastral para ajustarlo más a la realidad del mercado y que no prevalezca por encima del valor de transmisión en las escrituras de compraventa.