Según los datos recopilados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), entre enero y septiembre de este año la patronal constructora estima que al menos 1.455 obras públicas han quedado desiertas. El motivo, alega la organización, es la falta de adaptación de muchos pliegos a los desorbitados costes que afrontan las empresas constructoras y las limitaciones del sistema de revisión de precios que habilitó el Gobierno.

Por volumen de inversión previsto, 1.192 de las licitaciones desiertas tenían un presupuesto de menos de medio millón de euros, lo que subraya la advertencia que han hecho desde la CNC de que son las pequeñas y medianas empresas las más afectadas. Otras 142 obras superaron ese presupuesto sin llegar al millón y, finalmente, 121 trabajos superaban el millón.  Pero, en realidad, el problema es mucho mayor, ya que a estos números habría que sumar las obras que se están quedando paralizadas o ralentizadas, y muchos pequeños proyectos autonómicos o locales que han quedado fuera de estos cálculos y que elevarían el volumen total de obras desiertas al entorno de los 1.000 millones.

En concreto, la comunidad autónoma más afectada es Cataluña, donde el número de obras desiertas ha sido de 378, representando un volumen económico por encima de los 130 millones. Por número de licitaciones desiertas, le siguen Castilla-La Mancha (226 obras valoradas en 101 millones)País Vasco (168 licitaciones desiertas con un agujero de más de 62 millones) y Andalucía y Castilla y León, ambas con 147 contratos públicos sin cubrir (por 105 y 56 millones, respectivamente). Según el estudio, la obra de mayor cuantía que ha quedado desierta escala por encima de los 28 millones (la rehabilitación integral del antiguo hospital El Carmen y su urbanización exterior en Ciudad Real).

La CNC ha urgido a eliminar, o al menos rebajar al máximo, el muy restrictivo umbral del 5% que recogen los reales decretos para permitir que un mayor número de obras de diferente tipología y duración puedan acogerse a la revisión excepcional de precios; incluir obras ejecutadas antes de los plazos marcados por este norma y que se han visto igualmente afectadas porque concluyeron después; e introducir en el cálculo más materiales, además de la energía. En conjunto (contemplando la subida de materiales y otros factores como el coste eléctrico o la mano de obra), la CNC calcula que los trabajos se han encarecido de media un 33%.