“Yo, si gobernara, lo primero que haría sería convocar a las partes. Al sector del taxi y a las plataformas. Ciudadanos propone una mesa de diálogo para reconvertir el sector". De este modo, Albert Rivera puso sobre la mesa una de sus propuestas para afrontar el conflicto de los taxistas después de que, el pasado domingo, los profesionales del sector le hicieran un escrache en la estación de Atocha, tildándole de golfo: “Yo subí la rampa. Me increparon, intenté hablar. Es verdad que había agresividad e insultos”, relató el líder de Ciudadanos. “Me paré y les dije: con esto no vais a convencer a los legisladores, y mucho menos a los usuarios. Así no conseguís nada", relató. Y no le falta razón.

Yo soy de las que utilizo habitualmente taxi y puedo entender, en parte, su protestas. Pero con violencia, intimidación o actos de sabotaje no van conseguir nada salvo que los usuarios que les solemos defender tampoco nos pongamos de su parte. En España hay 67.089 licencias de taxi y 5.890 de VTC, según el Ministerio de Fomento. Es decir: un vehículo de alquiler con conductor por cada 11 taxis. Sin embargo, en algunas provincias esta diferencia se reduce: un VTC por cada siete taxis en la provincia de Madrid, uno por cada cinco en la provincia de Málaga y un vehículo de alquiler con conductor por cada tres licencias de taxi en Cantabria. Según la ley de transporte, debería haber uno por cada 30 taxis, aunque matiza que “las comunidades podrán modificar la regla de la proporcionalidad”.

En alguna ocasión he escrito, y sigo pensando, que aunque los taxistas tienen razón, cuando apelan al cumplimiento de la ley, lo cierto es que las formas en que se está manejando el asunto dejan mucho que desear. Ya no solo porque un día sí y otro también aparezca algún vehículo con conductor apedreado, manchado de pintura, con las puertas arrancadas, la ruedas pinchadas, o en los casos más graves se hayan producido incendios intencionados en sus talleres, si no porque no se puede apelar a la falta de seguridad de los viajeros y meter el miedo en el cuerpo para evitar la competencia si esta es legal y está perfectamente aceptada.

Sea como fuere, "la presencia cada vez mayor de estas plataformas en España ha agudizado el conflicto con los taxistas. Ambos negocios precisan de licencia, pero las de taxi valen unas tres veces más, porque los VTC tienen ciertas limitaciones. En Madrid, por ejemplo, los anuncios de los taxistas que buscan jubilarse indican que traspasan sus licencias por entre 150.000 y 170.000, aproximadamente. Los anuncios de VTC, más escasos, hablan de cerca de 40.000 euros", se recogía estos días en los periódicos.

La diferencia entre licencia de taxi y la de conductores es que no pueden captar clientes por la calle, ni salir del coche a buscarlo, ni repartir panfletos publicitarios para ganar clientes. Más del 90 % de los usuarios del taxi procede de la captación en la calle y, aunque cada vez se está introduciendo más el servicio telemático de petición de taxi, lo cierto es que con buena voluntad, y siempre cumpliendo la ley, podrían operar todos sin problema .

La libre competencia en una economía abierta es imparable y, aunque en parte los taxistas se han puesto las pilas, lo cierto es que la diferencia entre ellos y los VTC no solo es el precio, sino el tipo de servicio y la calidad del mismo. Mientras la limpieza de los taxis y la higiene personal de los taxistas, en algunos casos, es manifiestamente mejorable, en los vehículos con conductor van todos con traje y corbata y los vehículos están impecables, además de contar con Wi-Fi gratis y revistas para hacer más corto el camino. Si en cualquier negocio la calidad del servicio cuenta, en esto también; y hay que reconocer que, aunque no se puede generalizar, en los servicios del taxi conviene aplicarse aquello de "renovarse o morir". Y, a veces, para hacerlo, es muy bueno que exista la competencia.

Es verdad que el cumplimiento de la ley es obligado para todos pero o los taxistas se olvidan de sus métodos violentos o lo van pasar mal, porque no se pueden poner puertas al campo y si la competencia, cumpliendo la ley, ofrece un mejor servicio y más barato, sus reivindicaciones, por mucho que sean razonables, caerán al final en saco roto.