Los independentistas tienen la sartén de los presupuestos por el mango y pretenden seguir usándolos como excusa para una negociación imposible. Ni Pedro Sánchez tiene en su mano conceder sus peticiones ni estas son factibles en un Estado de derecho que tiene entre sus pilares, ¡cómo no!, la separación de poderes. Piden, ni más ni menos, que se retiren las acusaciones sobre los políticos presos, como si el poder judicial fuere una simple marioneta del ejecutivo, y demandan la presencia de mediadores internacionales para negociar el derecho a decidir, otro aspaviento inalcanzable. Y, en este amagar aunque sea sin dar, ERC ha presentado su enmienda a la totalidad de las cuentas mientras sus socios del PDCAT siguen deshojando la margarita en el desatino, lo que una vez más demuestra la fractura del independentismo, que cada día que pasa se ahonda y agranda.

No habrá presupuestos, pero eso no significa que tengamos una convocatoria de elecciones a la vuelta de la esquina. Esa idea del 'superdomingo' electoral el 26 de mayo donde se junten municipales, autonómicas, europeas y generales no entra en los planes del presidente, que en todo caso siempre puede argumentar que su soledad es la prueba palpable de que no es rehén de nadie. Si las cuentas no salen, los socialistas pueden salir a la opinión pública con el mensaje de que nunca hubo pacto con el independentismo, ni cesión alguna, ni precio político, ni pactos ocultos, y así ganarán tiempo para alargar la legislatura lo máximo posible, llegando incluso al 2020.

Es verdad que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que sin Presupuestos habría elecciones en 2019, pero las palabras se las lleva el viento y, si vienen mal dadas para el PSOE en las municipales, cuando más se distancien las generales, mejor. Dentro del Gobierno cada vez son más los que creen que Pedro Sánchez aguantará y que eso le reforzará incluso con los barones más críticos, a quienes cualquier aproximación con los independentistas les desgasta electoralmente.

Sea como fuere, las cuentas ya estaban cuestionadas por el Banco de España y otros organismos, y si caen por falta de apoyos parlamentarios se puede seguir gobernando a golpe de real decreto, corrigiendo por esa vía los presupuestos de Rajoy. Si finalmente hubiera unos nuevos presupuestos, su contenido estaría basado en 20 medidas:

– Subida del IRPF de la rentas superiores a los 130.000 euros.

– Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en el 2019.

– Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más protección a los inquilinos y permitir la regulación por parte de los ayuntamientos de precios del alquiler en zonas tensionadas y un aumento 200 millones de euros en el presupuesto del Plan Estatal de Vivienda.

– Revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y subida de las pensiones mínimas y no contributivas un 3 por ciento en el 2019.

– Desarrollo del modelo de transición energética, creación de un bono social energético único quiere venir y revisar los beneficios a las eléctricas.

– Aumento de la dotación de las ayudas a la dependencia.

– Apoyo a la Ley de Violencias Sexuales propuesta por Podemos.

– Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles por ley.

– Aumento de la prestación por hijo a cargo de los 291 euros anuales hasta los 473 euros anuales.

– Acuerdo para mejorar las becas y reducción de tasas universitarias.

– Reforma de la ley electoral con regulación del ‘mailing’ conjunto y listas cremallera obligatorias.

– Recuperación de la cotización de las horas extra a la Seguridad Social.

– Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años estableciendo el cómputo de rentas sobre la base de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar.

– Fin del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con penas de cárcel a los piquetes en las huelgas.

– Reforma del Impuesto de Sociedades para que las grandes empresas no tributen por menos del 15 por ciento, grabación de los dividendos y la plusvalía de las empresas e impuesto a las transacciones financieras.

– Subida del Impuesto de Patrimonio el 1 por ciento a las fortunas de más de 10 millones de euros.

– Autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años.

– Limitar a un máximo de 1.000 euros (hasta ahora era de 2.500 euros) los pagos en efectivo entre empresarios.

– Reforma del sistema de cotización de los autónomos para vincularlo a sus ingresos reales.

– Regulación de la publicidad del juego de azar y las apuestas en línea, de ámbito estatal, similar a la de los productos del tabaco.

Esta sería, en síntesis, la hoja del ruta que Pedro Sánchez pactó con Podemos, pero es solo la historia de lo que pudo ser y no fue. Sin los de Torra y Junqueras, inmersos en su laberinto judicial, nada de esto verá la Luz . Aquí ya solo se trata de resistir... pero eso no es sinónimo de ganar.