El periódico El Español dedicaba este domingo un amplio reportaje para contar la historia de Carmen Sánchez, una conquense que ha conseguido una plaza como administrativa en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) demostrando en solitario que el examen de oposición al que se enfrentó en 2010 era injusto por ser más difícil que el de sus competidores del turno de tarde. Por la mañana aprobaronel 28 % de los aspirantes, mientras que por la tarde el porcentaje de aptos subió sorprendentemente al 72 %. Algo raro estaba pasando y Carmen decidió ponerse manos a la obra para demostrarlo, haciendo valer su condición de licenciada en Derecho.

"Tras ser completamente ignorada por el servicio de salud cuando pidió la impugnación del examen, y poco después por su propio sindicato, decidió convertirse en su propia abogada y emprender una larga batalla judicial contra la Administración que haría historia en España. Siete años después, tras pasar incluso por el Tribunal Supremo, la Justicia fallaba a su favor: el examen no garantizaba los principios de igualdad en el acceso a la función pública, como exige la Constitución. Es decir, anuló el examen y consiguió su plaza", cuenta el diario digital de Pedro J. Ramírez.

"Pensé que al haber dos exámenes, corregirían y distribuirían las plazas, pero cuando salió la lista, nos metieron en el mismo saco, es decir, con la misma nota de corte", cuenta Carmen a El Español. La diferencia entre aprobados y suspensos era enorme. Y, por supuesto, el grado de dificultad no era el mismo. "Vi que no podía ser. Si nos sometían al mismo examen, no podíamos decir nada, pero si no era así, no era lógica la misma nota de corte. Pero la Administración consideró que sí y, en resumidas cuentas, me dijo que me aguantara", apunta.

Su primer paso fue impugnar la relación de aprobados de las oposiciones ante el Sescam. Sus argumentos: haber violado el artículo 14 y 23 de la Constitución Española (se había quebrantado el principio de igualdad en el acceso a la función pública, en relación a los méritos y la capacidad) y la más que evidente diferencia de aprobados entre los dos turnos del examen. ¿Contestación? Ninguna. "La Administración, por supuesto, no me hizo ni caso. Tampoco el defensor del pueblo de Castilla-La Mancha cuando le escribí", critica.

Nadie le ayudó. Ni tan siquiera otros aspirantes suspensos, o su propio sindicato cuando buscó un apoyo legal. "El propio letrado de UGT me dijo que la causa no tenía fundamento. Y que lo único que me podía dar era el teléfono de un procurador", cuenta Carmen. Sus compañeros se echaron para atrás, incluso le dijeron que se callase. El proceso iba a ser costoso, tanto económicamente como psicológicamente. Pero ella tenía algo que los demás no tenían, una licenciatura en Derecho. Así que se colegió y se representó a si misma, sin coste económico alguno.

Esperó a que se agotase toda la vía administrativa contra el Sescam para ir al Contencioso Administrativo y el 17 de marzo de 2011, siendo ya abogada, Carmen Sánchez inició su batalla: planteó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en la que solicitó la anulación de las oposiciones. Por entonces, la Administración seguía su curso y el proceso selectivo de las oposiciones, también. El Tribunal castellano-manchego falló a su favor. Los magistrados dictaron que se habían vulnerado los principios de igualdad en el acceso a la función pública, siendo concluyentes los porcentajes de aprobados.

Si bien, tras tanto tiempo, era complicado anular la prueba; puesto que casi 500 personas, que ya tenían su plaza, iban a resultar afectadas. De este modo, el TSJCM planteó una tercera tesis en la sentencia. Elevar la nota de la demandante en la prueba y que Carmen resultase apta. Y no solo eso, sino que también se le reconociesen todos los efectos económicos, es decir, lo que habría cobrado siendo funcionaria desde 2012 a 2017. La demandante aceptó esa solución pero la batalla no terminaba aquí. Poco después de este fallo, el Sescam recurrió en casación al Tribunal Supremo. Y un año después, en 2016, el alto tribunal volvió a fallar a favor de esta conquense. Había ganado definitivamente. Aunque no lo haría del todo hasta que, tras presentar méritos y antigüedad, tomase posesión de su plaza en 2017; que ahora tiene en excedencia pues trabaja en un despacho de abogados.