El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha tenido que tomar de nuevo medidas para bloquear la web de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), que preside el exjuez Fernando Presencia, tras detectar que sigue activa dos años después de haber ordenado su cierre, informa Efe.

Una actividad que se ha mantenido pese a encontrarse el exjuez desde hace casi un año en prisión preventiva por esta causa, en la que se le investiga por la difusión de noticias falsas sobre autoridades y cargos políticos y de la judicatura.

Gadea aprecia por todo ello una "contumaz voluntad delictiva", de la que tuvo conocimiento por un escrito de la magistrada de Talavera de la Reina (Toledo) Marta Vicente de Gregorio, en el que pedía la prisión para el presunto responsable de redes y de captar fondos para ACODAP, Alberto Portabella, tras constatar que no se habían ejecutado las órdenes de cierre de la web, dictadas el 21 y 30 de junio de 2022.

Medida no ejecutada

Ahora, en un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional corrobora esta cuestión, y pese a rechazar el ingreso en prisión de Portabella, acuerda dirigirse a los principales proveedores de servicio de telecomunicaciones españoles para bloquear la resolución del dominio www.acodap.com así como todos sus correspondientes subdominios.

Esta medida, en principio, indica el auto, "imposibilitaría visitar la página web mencionada desde direcciones IP asignadas por los mencionados proveedores de servicio españoles a sus clientes".

"En efecto, una rápida comprobación en abierto permite constatar que, pese a lo ordenado por este instructor el pasado 21.06.2022 y el 30.06.2022, la medida acordada no se ha ejecutado, ni la página se ha cerrado, por lo que la situación antijurídica que determinó la actuación urgente y cautelar se mantiene", expone Gadea en el auto.

"Contumaz voluntad delictiva"

Lamenta además que pese a haber decretado el cierre "siguen efectuándose publicaciones contra Altas Instituciones del Estado, de similar naturaleza a los denunciados por el Fiscal y que determinaron la iniciación de este procedimiento".

Se evidencia así, añade, "una contumaz voluntad delictiva de la que se permite inferir rasgos compatibles con algún tipo de patología, que en cuyo caso deberá ser pericialmente valorada, atendida la naturaleza de los hechos y el comportamiento del denunciado pese a la incoación de este procedimiento".

Considera necesario "poner fin de modo inminente a la permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas, y las instituciones del Estado que están siendo impúdicamente infringidos por el denunciado".

"Delirante"

Algo, añade, que en ningún caso se ve amparado por el derecho a la libertad de expresión, "claramente desbordado en este caso por la delirante y reiterada imputación de los mismos hechos 'supuestamente' corruptos a toda clase de personas públicas o privadas, cargos y autoridades, exigen, cuanto menos, la adopción inmediata de las medidas interesadas, y en todo caso, instar al cuerpo policial a adoptar las actuaciones necesarias para que de forma urgente pueda adoptarse la medida acordada".

Con este objetivo, el magistrado, a instancias de la Fiscalía, ha acordado cortar el acceso a la web a través de los proveedores de telefonía e internet en España "para que adopten las medidas técnicas oportunas para dejar fuera de línea el dominio acodap.com".

Se trata, dice el auto, de que "bloqueen el acceso a dicho dominio desde el territorio español, y que esta medida se extienda, en su caso, a cualquier subdominio y/o dominio web, configuración, dirección IP, URLs, que el responsable pudiera utilizar en iguales términos, o que redireccionen a dicho dominio, así como todas aquellas webs proxy, IP, URLs, o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso al mencionado servicio".

Larga lista de delitos

Gadea investiga a Presencia, inhabilitado como juez en 2016, por una larga lista de delitos: organización criminal, estafa, falsedad, asociación ilícita, blanqueo o delito contra las altas instituciones del Estado.

Tiene además varias condenas a sus espaldas: dos de inhabilitación por prevaricación y otra de dos años y diez meses de cárcel por denuncia falsa y calumnias contra el fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade.