El proceso de primarias que ha abierto Podemos en Castilla-La Mancha, que alcanzará su punto culminante el próximo lunes cuando se hagan públicos los resultados de las votaciones de los inscritos para elegir a su próximo secretario regional, ha evidenciado que la manera que tiene de lidiar con los asuntos internos del partido el actual líder y candidato a la reelección, José García Molina, lleva meses levantando ampollas entre varios sectores de la formación morada en nuestra comunidad.

De hecho, pocos días antes de iniciarse el proceso de participación interna, desde Podemos en Ciudad Real se elevó una denuncia a la Comisión de Garantías Democráticas -directamente a la estatal puesto que la autonómica fue disuelta meses atrás de manera controvertida- para que resolviese sobre una supuesta "dejación de funciones" y "negligencia" del Consejo de Coordinación del partido en Castilla-La Mancha, similar a la Ejecutiva regional de las formaciones políticas tradicionales, que está comandado por el secretario general, José García Molina.

En su reclamación, tal y como han explicado a EL DIGITAL fuentes directamente implicadas en el caso, los denunciantes lamentan que García Molina y su número dos, la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, hayan hecho caso omiso a dos resoluciones previas de la Comisión autonómica de Garantías Democráticas (expedientes 72172 y 82508) que instaban al Consejo de Coordinación a exigir a A.D., ex responsable de finanzas del Círculo ciudadrelaeño, que presente y aclare las cuentas del partido, tal y como le han solicitado insistentemente durante los dos últimos años, tanto informal como formalmente, varios compañeros de la formación.

A 16 de septiembre de 2016, la Comisión autonómica otorgó diez días de plazo a A.D. para "la entrega inmediata (...) de la totalidad de documentación solicitada, referida a la gestión financiera del Círculo de Ciudad Real”.  "En caso de que no acredite los extremos citados, daremos cuenta al Consejo de Coordinación para que adopte las medidas disciplinarias pertinentes", añadía la resolución, que fue incumplida por A.D., por lo que la Comisión puso dicho comportamiento en conocimiento del Consejo de Coordinación, algo que hizo el 27 de octubre con el objeto de que determinase, en el marco de sus competencias, si procedía "incoar expediente disciplinario".

Sorprendente protección

Y es que el Consejo de Coordinación que preside García Molina es el único órgano de Podemos capacitado para abrir expediente y tomar medidas contra los miembros del partido que incumplan su código ético o cometan hechos graves a nivel interno. Por eso, en amplios sectores de la formación morada no deja de sorprender que el actual secretario regional, cuando ya han transcurrido seis meses, a día de hoy "no haya tomado medida alguna contra una persona que ha tenido dos resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas emplazándole a entregar las cuentas económicas del Círculo de Ciudad Real al órgano municipal correspondiente, algo que no ha querido hacer en ningún momento".

"Se trata de un hecho grave por cuanto, aparentemente, protege a la persona que se niega a facilitar la información económica de ese Círculo", se asegura en un correo electrónico remitido a EL DIGITAL de manera anónima pero cuyo contenido ha sido documentado y verificado como cierto por este periódico.

"Hemos pedido a María Díaz por correo que den respuesta de una vez a este asunto pero no nos contestan. El Comité de Garantías regional nos dio la razón en dos ocasiones pero, pese a ello, seguimos sin recibiendo la callada por respuesta. No estamos diciendo que haya nada raro en las cuentas del Círculo de Ciudad Real, pero tenemos que ser un partido transparente y sin oscurantismos", han asegurado a EL DIGITAL algunos inscritos ciudadrealeños, que no disimulan su desconcierto y malestar por la pasiva forma de proceder de García Molina y de su equipo.

Tras la última denuncia al respecto, ahora será la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos, a nivel estatal, el órgano que resuelva si García Molina y su Ejecutiva han obrado adecuadamente al respecto de la transparencia en las cuentas del Círculo de Ciudad Real. Curiosamente, dicha Comisión está presidida por Gloria Elizo, diputada de Podemos por Toledo y persona de la máxima confianza de Pablo Iglesias y de José García Molina, por lo que los reclamantes albergan pocas esperanzas de obtener en el futuro una respuesta que todavía no ha llegado.

La sospechosa disolución en Castilla-La Mancha

La Comisión de Garantías Democráticas autonómica, a la que le correspondería de manera natural dirimir sobre este asunto interno de Podemos Castilla-La Mancha -en el pasado ya lo hizo dos veces instando a la publicación de las cuentas del Círculo de Ciudad Real-, fue disuelta tras la dimisión sin previo aviso de uno de sus miembros, cercano a las tesis oficialistas, lo que dejó sin cuórum a dicho órgano.

"Esa persona presentó su dimisión directamente en Madrid y desde Castilla-La Mancha ofrecimos la puesta en marcha de varios mecanismos para evitar la disolución de la Comisión de Garantías autonómica, pero la Comisión de Garantías estatal no nos escuchó y nos dio por disueltos automáticamente con una agilidad inaudita. La dimisión se presentó un fin de semana, y el lunes ya nos habían disuelto", ha explicado a EL DIGITAL un afectado directamente por esta anómala situación.

De hecho, algunos inscritos decepcionados con la actual directiva regional aseguran que todo se trató de una operación orquestada para que los conflictos internos de Podemos en Castilla-La Mancha se resolviesen directamente en la capital de España, al calor de los dirigentes del partido y con el beneplácito del secretario general José García Molina. Una manera de evitar el control interno en Castilla-La Mancha, sospechan.

Este periódico se puso en contacto con García Molina y con el departamento de Comunicación de Podemos en Castilla-La Mancha, que declinaron el ofrecimiento de hacer valoraciones sobre este caso que ha salido a la luz en plenas primarias.

Solicitud de rectificación

Por su parte, A.D. ha solicitado mediante un correo electrónico enviado a EL DIGITAL, con fecha 22 de mayo de 2017, el cambio de su nombre completo por sus iniciales y la rectificación de este artículo, alegando que vulnera su "derecho a la intimidad y al honor, al haber revelado datos personales y al haber ofrecido una información torticera que omite la situación real del procedimiento".

Según A.D., las resoluciones a las que hace referencia esta información "fueron recurridas a Comisión de Garantías Democráticas (Estatal), mediante un recurso de nulidad del expediente Nº 72172 y solicitud de suspensión de ejecución de esta resolución, en virtud del artículo 111.2.b) de la Ley 30/1992 (Ley vigente en dicha fecha) recurridas (número de registro 82433), por lo que debe entenderse que la ejecución de la resolución recurrida se encuentra suspendida al haber transcurrido el plazo de 30 días sin que la Comisión de Garantías Democráticas (Estatal) haya resuelto, en conformidad con el artículo 111.3 de la Ley 30/92".

"Y en relación al expediente número 82508, solicité, en base a mi recurso anterior, el archivo del citado expediente y subsidiariamente su sobreseimiento a la Comisión de Garantías de Castilla-La Mancha, no habiendo obtenido resolución de la misma", asegura A.D.