La Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias saldrá adelante tras rechazar las Cortes Regionales, gracias a los votos del PSOE y Podemos, la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Esta norma aboga por impulsar la actividad económica y el empleo en las zonas menos favorecidas y con un tejido empresarial más reducido. 

El encargado de defender la enmienda a la totalidad del PP, su portavoz adjunto Lorenzo Robisco, argumentó que la ley "nace muerta porque no tiene presupuesto". Además, la tilda de "injusta" al excluir, a su juicio, "a trescientos municipios". También lamentó que no incluya un régimen sancionador a quienes la incumplan y que desde su punto de vista no presta especial atención a mujeres y jóvenes. 

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha encargado de responder a Robisco que la intención de la ley es que "la región crezca por igual" en todas las zonas de Castilla-La Mancha. Sobre la dotación presupuestaria, ha precisado que la norma dispondrá de los 900 millones de euros con los que cuenta su departamento para 2018. También ha subrayado que sí tiene en cuenta a los jóvenes y a las mujeres, que son quienes "vertebran las zonas rurales", y ha negado que sea discriminatoria por motivos políticos.

También el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, se ha mostrado a favor de la ley y contra la enmienda a la totalidad presentada por el PP porque "no hay argumentos" que la sostengan, al tiempo que ha emplazado a los populares al trámite de presentación de enmiendas parciales, para estudiar sus propuestas. Además, ha recordado que la norma es uno de los mecanismos que deben impulsar la generación de riqueza y lograr una redistribución de la misma más equitativa.

Requisitos para tener financiación prioritaria

La ley contempla que los municipios que cumplan dos requisitos tendrán prioridad a la hora de recibir financiación y establecer convenios de colaboración. El primero de ellos, que el paro registrado sobre la población en edad de trabajar se sitúe al menos tres puntos porcentuales por encima de la media regional -el indicador actual está en un 15,37 por ciento- y que el peso del municipio represente al menos el 1 por ciento del total de la provincia. 

El segundo, que hayan sufrido un descenso de la población en los últimos cinco años al menos igual o superior al 1 por ciento y que el porcentaje de promedio anual del paro registrado en el municipio respecto al total de la provincia sea al menos del 10 por ciento.