Uno de cada cuatro personas dependientes a las que se les ha asignado un servicio o prestación en aplicación de la Ley para la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia sigue sin recibir ninguna de ellas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mientras el 24,9% de los dependientes está sin atender a nivel nacional, en el caso de Castilla-La Mancha el porcentaje se sitúa en el 19%.

Así, de las 1.263.640 personas en situación de dependencia que tienen reconocida alguna prestación, hay 314.925 que no la han obtenido aún, el 25 por ciento, según el balance del Sistema de Atención a la Dependencia, a 30 de noviembre de 2017, que recoge Europa Press.

Si bien esta lista de espera, lo que los expertos denominan, "limbo de la dependencia", ha bajado en el último mes, sigue estando por encima del dato de septiembre. En octubre, por primera vez en años, subía en 8.000 las personas desatendidas, hasta las 319.553.

Cabe destacar que hay un total de 122.840 personas de los Grados III y II -grandes dependientes y dependientes severos- que no han recibido prestaciones, y que representan al 14,4% de este colectivo. Aunque han descendido en 1.760 personas con respecto al mes pasado, la cifra es superior a la de la lista de espera de enero, cuando esta lista de espera de grados III y III no superaba las 120.000 personas.

Respecto al Grado I -dependientes moderados-, cuya plena implantación se produjo en julio de 2015, en la actualidad, a fecha 30 de noviembre de 2017, el 46,5% de ellos, es decir, 192.085 personas, siguen a la espera de ser atendidos.

Por comunidades autónomas

Canarias y Cataluña son las comunidades autónomas con las listas de espera más elevadas, ya que ambas tienen a más del 37% de sus dependientes sin atender. Les siguen La Rioja (32,7%), Andalucía (32,1%) y Extremadura (27,3%). Todas ellas se sitúan por encima de la media nacional, que es del 24,9%.

Muy cerca del promedio de toda España se encuentra Aragón (24,8%), seguida de Cantabria (22,5%), Madrid (21,8%), Navarra (20,9%), Castilla-La Mancha y País Vasco (ambas 19%), Galicia (18,8%), Baleares (17,7%) y Murcia y Asturias (ambas 13,5%).

Por su parte, Castilla y León no tiene prácticamente dependientes sin atender, ya que su lista de espera es de apenas el 1,3%. También destacan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (4%).

En cuanto al número de servicios y prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, el informe mensual del Ministerio de Sanidad indica que alcanzan los 1,16 millones.

De esta cifra, dos terceras partes corresponden a Servicios, 785.674, lo que representa el 67,18% del total, mientras que a 31 de diciembre de 2011 representaban el 54,6%, es decir, se han incrementado en 12,58 puntos porcentuales. Por otra parte, las prestaciones económicas de cuidados en el Entorno Familiar son en la actualidad 383.775, un 32,82%.

En cuanto a la creación de empleo, se ha producido un incremento de 6.485 afiliaciones de profesionales de Servicios Sociales respecto del mes anterior. Asimismo, la evolución interanual, comparada con el mismo mes del año anterior, noviembre de 2016, presenta un aumento de 20.644 nuevas afiliaciones, un 5,34%.

Críticas de la Plataforma

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ve "positiva" la próxima ley de Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad pero lamenta que, al mismo tiempo, se deja "en el más absoluto de los abandonos" a las familias de los discapacitados en su día a día.

En un comunicado, el presidente de la Plataforma, José Luis Gómez-Ocaña, se ha referido al proyecto de ley que busca dar tranquilidad a las familias de personas con discapacidad y una respuesta a su preocupación de qué va a ser de estas personas cuando la familia no esté.

Ha admitido que es una ley "positiva" pero ha considerado "curioso" que se lance "a bombo y platillo" las bondades de esta ley que garantizará la tutela de los discapacitados y dependientes en el caso de fallecimiento de los familiares que se encargan de su cuidado pero "se está dejando en el más absoluto de los abandonos" a los familiares en vida.

Para Gómez-Ocaña, el anuncio de esta ley -cuyo anteproyecto ya ha sido tomado en consideración en el Consejo de Gobierno- "no deja de ser una cortina de humo para ocultar que, a esos mismos familiares, se les niega en vida lo que necesitan para darles la estabilidad que necesitan".

Ha criticado que en Castilla-La Mancha "se está implantando un servicio de atención a la dependencia low-cost" donde la mayor parte de los servicios que se ofrecen y que estadísticamente computan como dependiente atendido no cuestan a la administración más de 20 ó 30 euros al mes.

Según los datos de la Plataforma, durante el 2017 se ha producido un "incremento vergonzoso" de expedientes de personas que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia y que aún no han sido valorados, y en la actualidad hay más de 6.400 en lista de espera y ha aumentado en 1004 este año.

El presidente del colectivo ha citado las treinta solicitudes que la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha hecho llegar al presidente regional para tener una reunión y ha confiado en que 2018 de un "giro radical" a las políticas en dependencia.