Castilla-La Mancha intensifica su lucha contra la pobreza energética con más prestaciones y cobertura todo el año

La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, ha avanzado este martes que se modificará el plan de pobreza energética para aumentar la posibilidad de recibir prestaciones y dar cobertura todo el año.

En rueda de prensa junto al portavoz regional, Nacho Hernando, en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, Herranz ha explicado que uno de los cambios que se aplicarán en el plan de pobreza energética en 2018 será dar la posibilidad a las familias de solicitar dos ayudas al año, de 150 euros cada una, para garantizar los suministros energéticos.

Asimismo, ha indicado que la modificación del plan también incorporará las ayudas de emergencia social para prevenir los cortes de suministro energético, y promoverá la firma de convenios con empresas suministradoras de energía.

Herranz ha destacado que las políticas que se aplican en la reducción de la pobreza son "de mucha importancia" y no deben tomarse como "una medida más" y, en este sentido, ha recalcado que los últimos datos sobre pobreza energética demuestran que "el esfuerzo desde las administraciones tiene un impacto fuerte".

Menos dificultades

A este respecto, la consejera ha señalado que desde el año 2015 se ha experimentado una reducción de 5 puntos de las principales dificultades de los castellano-manchegos con respecto a la posibilidad de pagar sus facturas de suministro energético.

No obstante, ha precisado que desde su departamento para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas trabajan en "medidas de carácter integral" con el objetivo de dar "una mejor respuesta" a los ciudadanos que se encuentran en situaciones complicadas.

Según Inmaculada Herranz, desde que Podemos accedió al Ejecutivo regional se han realizado "avances" en relación al Ingreso Mínimo de Solidaridad y a las rentas más bajas, algo que ha quedado reflejado en el presupuesto de la Junta de Comunidades.

"No son solo una serie de actuaciones sino que son iniciativas integradas que intentan dar respuesta a las situaciones de las familias en los hogares castellano-manchegos", ha manifestado.

Fuerte repercusión

Asimismo, ha remarcado la "fuerte repercusión" que ha tenido esta acción de gobierno en el aumento presupuestario, ya que se ha producido una subida de 23,8 millones de euros, un 20 por ciento más, hasta los 143 millones para el Plan de Garantías, que partió en 2017 con 119 millones.

A preguntas de los periodistas sobre la compatibilidad del plan de pobreza energética con el bono social impulsado por el Estado, Herranz ha señalado que la cobertura que está dando el plan regional es más "eficaz y eficiente", y ha asegurado que "hasta que no se consolide el bono social, el plan de pobreza energética seguirá activo".

En la misma línea, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha añadido que el bono social está recurrido ante el Tribunal Supremo y ha defendido que el plan regional "es mucho más hábil desde el punto de vista práctico y legal".

Hernando ha afirmado que el Gobierno autonómico no está en contra "del objetivo" del bono social pero sí ha dicho que "está mal planteado y es una chapuza del Gobierno de España a la hora de aplicarlo".