La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y UGT Castilla-La Mancha han instado a la Junta a que convoque las mesas de negociación para incorporar las medidas del acuerdo firmado entre sindicatos y el Ministerio de Hacienda, en el que se recoge la recuperación de las 35 horas semanales.

En nota de prensa, CSIF ha informado de que el pasado sábado remitió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, un requerimiento oficial de convocatoria "urgente" de la Mesa General de la Función Pública para implantar los avances planteados en el mencionado acuerdo.

El sindicato mayoritario en la Función Pública ha considerado "importante" conocer la postura de la Administración regional y que el Ejecutivo autonómico explique en cuánto tiempo tiene previsto acometer las mejoras que posibilita en los sectores transferidos.

También ha abogado por que en dicha Mesa se revalúen los criterios de las últimas ofertas de empleo público, ya que el acuerdo pone fin a la tasa de reposición y contempla la convocatoria de hasta el 100 % de las plazas ocupadas de manera temporal ininterrumpidamente en los últimos tres años.

Además, ha defendido que, para avanzar hacia la estabilidad del empleo y poner fin a la interinidad, se valore, en la fase de concurso, el tiempo trabajado.

En su opinión, también la Junta debe aclarar si Castilla-La Mancha cumple con las condiciones de déficit presupuestario para aplicar la jornada de 35 horas y despejar las dudas al respecto.

CSIF ha recordado que el acuerdo permite, asimismo, percibir el 100 % del salario desde el primer día de baja y ha asegurado que todas estas mejoras han sido "reivindicaciones históricas" de este sindicato, que está "a la espera de que el Gobierno regional, con la mayor prontitud, muestre su compromiso con los empleados públicos, al igual que las diputaciones y ayuntamientos".

Llamiento de UGT 

También en nota de prensa, la secretaria general de la Federación de empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, ha señalado que la recuperación de la mayoría de los derechos de los empleados públicos "estaba prohibida expresamente por la ley, pero gracias a este acuerdo desaparece el veto".

Campoy ha destacado que el acuerdo "representa el comienzo de la recuperación salarial y de derechos; es el punto de partida del reconocimiento del esfuerzo personal y del compromiso colectivo con los servicios públicos".

De otro lado, en materia de conciliación, el acuerdo posibilita que el empleado público puede acumular un 5 % de su jornada anual -con carácter recuperable- para tareas de conciliación destinada al cuidado de familiares.

Por último, Campoy ha afirmado que permitirá crear nuevo empleo público y devolver la capacidad de negociación y gestión a las administraciones autonómicas y locales.

El acuerdo permitirá a las administraciones públicas que cumplen el objetivo de déficit, la regla de gasto y deuda pública cubrir las bajas que se produzcan en todos los sectores, funciones y servicios, sean o no prioritarios.

En estos casos, se podrá aprobar una tasa adicional del 8 por ciento sobre la tasa general en los sectores que se considere necesario.