El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este miércoles el texto de un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica de no trasvasar agua para el regadío en este mes de noviembre en que los embalses de cabecera del Tajo se encontraban en nivel 3. Se trataba de una situación en la cual el órgano competente para autorizar los envíos de agua al Segura es la ministra que, según el recurso, de forma motivada podría autorizar un trasvase total de 20 hectómetros cúbicos de agua, pero sólo permitió 7,5 para el abastecimiento humano.

La orden del ministerio recurrida modifica diametralmente, según el recurso, el criterio mantenido anteriormente en situaciones de nivel 3 "y puede estar sobrepasando los límites legales impuestos por las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura incluidas en toda la normativa de aplicación".

La portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, ha dicho hoy en rueda de prensa que la ministra introdujo un criterio subjetivo y político de que no hay "necesidad" en el Segura para un envío, lo que consideró incoherente con la prórroga que el ministerio ha aprobado al decreto de sequía en la cuenca del Segura, por lo que exigen una explicación técnica a tal decisión que, a su juicio, perjudica al regadío.

Según Arroyo, es la primera vez que no se autoriza un trasvase habiendo reservas en Entrepeñas y Buendía, "y por ello queremos saber el motivo técnico si lo hay" ante el temor de que se trata de una decisión de carácter político e ideológico, ya que de ser podría dar lugar a prevaricación.

Además ha pedido que se lleve a cabo en diciembre el envío de 38 hectómetros cúbicos de agua que fija la regla de explotación cuando la cabecera del Tajo está en nivel 2, es decir, con más de 600 hectómetros cúbicos almacenados, tal y como se encuentran actualmente. "Son los que nos corresponden y son de justicia", agregó.

Preguntada por la postura del secretario general del PSRM, Diego Conesa, respondió que el también delegado del Gobierno en Murcia suele hablar de lo irrenunciable que es el trasvase, "pero parece ser que ha renunciado al de noviembre". En cuanto a las críticas de Conesa hacia la postura del Ejecutivo autonómico en este tema, Arroyo advirtió que el gobierno dice lo mismo que los agricultores y los regantes del trasvase y que el delegado "puede atacarnos con carácter político, pero no a lo que piensan los regantes que son los que han denunciado esta situación y que lo han hecho de forma más contundente".

Respuesta de Castilla-La Mancha

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que Levante debería aprovechar la "oportunidad" de que tanto el Ejecutivo autonómico como el central "siguen queriendo dialogar y siguen queriendo llegar a un acuerdo en materia de agua", algo que supone una "gran diferencia" respecto a lo que ocurría con el anterior gobierno de España. A preguntas de los periodistas, en rueda de prensa, sobre el recurso contra el último trasvase que se ultima en Murcia, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha llamado la atención sobre "cómo han cambiado las tornas" en materia de agua.

Ha recordado que "venía siendo" Castilla-La Mancha la perjudicada por decisiones respecto al agua que se tomaban sin tener en cuenta la opinión del Gobierno autonómico, y ha enfatizado que ahora hay una "gran diferencia" respecto a lo que venía ocurriendo ya que "nosotros teníamos que estar recurriendo decisiones porque no había diálogo, porque no había ganas de llegar a ningún entendimiento".

Sin embargo, en este momento tanto Castilla-La Mancha como el Gobierno de España "siguen queriendo dialogar y siguen queriendo llegar a un acuerdo en materia de agua", algo que es una "oportunidad" que Levante "debería aprovechar" para "hablar y consensuar". Hernando ha resaltado que desde la perspectiva de Castilla-La Mancha "es evidente que ha habido un cambio, un cambio notable" en la gestión de agua, pero también ha agregado que para que ese cambio sea "duradero" debe ser "por consenso" y todas las partes deben verse reconocidas y tener un "sentimiento de pertenencia" en el nuevo escenario. 

El portavoz de la Junta ha emplazado a "todas" las partes a llegar al consenso y entendimiento, pero "sin renunciar a defender los intereses de Castilla-La Mancha", una postura, ha indicado, que no ha variado durante toda la legislatura.