El 11 por ciento de las entidades locales de CLM contratan servicios a través de la Federación de Municipios

Un total de 1.119 entidades locales de España, el 15 por ciento del total, se han sumado a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contratar juntas servicios y suministros, lo que les permite ahorrar dinero pero también en ocasiones acceder a prestaciones que no podrían lograr por sí solas. En Castilla-La Mancha, este porcentaje asciende a un 11,5 por ciento, siendo uno de los porcentajes más bajos en el conjunto del país atendiendo al desglose por comunidades autónomas.

La Federación puso en marcha esta central en 2014, pero ha recibido un fuerte impulso este año porque de los 300 contratos base firmados en total, 140 son de 2018. Todos estos contratos representan un importe de adjudicación que supera los 120 millones de euros, de los que más de 65 millones se han generado en este ejercicio, según los datos facilitados por la FEMP.

En estos momentos, la central tiene en vigor seis acuerdos marco: de suministro de electricidad, suministro de gas, servicio de mediación de riesgos y seguros, servicio de asistencia para la gestión y recaudación de multas de tráfico, para la gestión tributaria en vía ejecutiva y para la gestión y recaudación de multas de tráfico a extranjeros no residentes.

La Federación actúa como instrumentos de las entidades locales, negocia condiciones del servicio y precios, de manera que ayuntamientos y diputaciones puedan ahorrar costes, reducir tiempos de contratación y compra y simplificación de su tramitación.

Las entidades se pueden adherir voluntariamente a la central. La FEMP les ofrece asistencia técnica y jurídica en todo el procedimiento, desde la adjudicación hasta la ejecución de cada servicio o suministro contratado.

Murcia y Canarias, en cabeza

Entre las entidades adheridas hay de todo, municipios grandes y pequeños, así como diputaciones, cabildos y consejos insulares. Figuran por ejemplo los ayuntamientos de Almería, Alicante, Granada, Elche, Fuenlabrada, Fuengirola, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga, Puerto de Santa María, Santiago de Compostela, Telde, San Bartolomé de Tirajana, Valencia, Valladolid o Zamora; las diputaciones de Alicante, Jaén, Girona, Soria; los cabildos insulares de El Hierro, La Palma o Fuerteventura y los consejos insulares de Mallorca e Ibiza.

Por comunidades, destaca el caso de Murcia, porque el 75 por ciento de su sector local (34 de 45 entidades) se han sumado a esta iniciativa. Le siguen Canarias (61,3 por ciento), Madrid (45,3 por ciento), Baleares (40,6 por ciento), Asturias (38,2 por ciento), Cantabria y Galicia (36,1 por ciento cada una), Comunidad Valenciana (32,6 por ciento) y Andalucía (23,3 por ciento).

El resto de comunidades registran porcentajes más bajos de adhesión a este servicio: Extremadura (13,4 por ciento), Castilla-La Mancha (11,5 por ciento), Aragón (8,58 por ciento), La Rioja (7,51 por ciento), Castilla y León (5,75 por ciento), Cataluña (5,21 por ciento), Navarra (4,56 por ciento) y País Vasco (3,13 por ciento).